El exjuez español Baltasar Garzón consideró que la organización armada independentista ETA ha dado "un paso adelante" en su promesa de desarme, pero advirtió que esa iniciativa debe completarse de forma total para tener una "disposición mucho mayor para el diálogo".
La denominada Comisión Internacional de Verificación (CIV) del alto el fuego, un grupo de expertos no reconocidos por Madrid, realizó una visita al País Vasco y anunció el 21 de febrero haber constatado que ETA "ha sellado y ha puesto fuera de uso operativo una cantidad determinada de armas, munición y explosivos".
Poco después, circuló en internet un vídeo, grabado en enero de 2014 en un lugar desconocido, en el que se podía ver a dos activistas de ETA, encapuchados, mostrando una serie de armas a dos expertos de la comisión.
Este gesto "es un paso adelante. Obviamente los arsenales de la organización terrorista ETA (...) no son esa muestra simbólica, y por tanto, ya que ha tomado esa iniciativa, debería de llevarla hasta el final", dijo Garzón al salir del Foro Internacional de Derechos Humanos 2014, que se celebró en la mexicana ciudad de Xochitepec (Morelos, centro).
Si la ETA depone "todas y cada una de las armas (...) estaríamos en una disposición mucho mayor para el diálogo", añadió el letrado, que tuvo un papel protagónico durante 20 años en la lucha contra la organización vasca.
Pero el gobierno español, liderado por el conservador de Mariano Rajoy, reclama la disolución incondicional del grupo y alega que la única verificación debe venir de la policía.
"Los estados, cuando tengan que establecer los acuerdos (con la ETA), es necesario que lo hagan", subrayó Garzón, que creó una fundación de derechos humanos en Morelos y asesora al gobierno de ese estado sobre una ley de víctimas.
Hasta antes de la visita de la CIV, la ETA rechazaba hablar de desarme, mientras no se tomaran en cuenta sus reivindicaciones, principalmente una mejora de las condiciones penitenciarias para sus presos, más de 500 dispersos por las cárceles de España y Francia.
Muy debilitada en los últimos años por los golpes policiales, la ETA es responsable de la muerte de 829 personas durante cuatro décadas de lucha armada por la independencia del País Vasco y Navarra. Desde 2009, la organización no ha cometido ningún atentado en España, y anunció el 20 de octubre de 2011 el fin definitivo de la violencia.
Garzón, que apoyó las negociaciones de 2006-2007 entre el Gobierno y ETA, fue condenado en 2010 a 11 de años de inhabilitación profesional por haber ordenado la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes, en un caso de corrupción que salpicó a altos cargos del Partido Popular./AFP