Bernardo Moreno

Para hoy está programada una diligencia de versión libre a la que fue citado el ex secretario de la Presidencia Bernardo Moreno, como consecuencia de una acusación por los delitos de concusión y tráfico de influencias, ya que habría presionado el nombramiento en cargos públicos de personas cercanas al representante caldense Tony Jozame, de Cambio Radical, a cambio de que el legislador favoreciera la reelección presidencial en 2004.

En 2008 Moreno fue llamado a indagatoria por la Fiscalía cuando la ex representante suplente Yidis Medina, del Partido Conservador, afirmó que él estaba encargado de las prebendas a cambio de su voto a favor de la primera reelección de Uribe.

En mayo del 2009, el ex jefe de Inteligencia del DAS Jorge Lagos, cuando estaba siendo interrogado por las chuzadas de ese Organismo, dijo que le entregó información sobre algunos magistrados a Moreno y al asesor presidencial José Obdulio Gaviria. La Procuraduría le abrió investigación a Moreno por estas declaraciones.

A finales de 2009, Moreno fue también salpicado por el ex superintendente de Notariado y Registro Manuel Cuello, quien dijo que aquel lo contactaba para asegurarse que las Notarías prometidas a políticos les eran entregadas.

 

Sabas Pretelt

En julio pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema atendió una petición de la defensa del ex ministro Sabas Pretelt y anuló el llamado a juicio en su contra por considerarlo violatorio de las garantías procesales del indiciado.

Para el alto Tribunal, la acusación debía hacerla la Fiscal General y no el Vicefiscal.

La fiscal Vivianne Morales asumió los casos de Pretelt y del también ex ministro Diego Palacio.

Pretelt es acusado de haber ofrecido dádivas a varios congresistas para obtener su voto a favor de la reelección de Álvaro Uribe; el proceso inició en 2008 al ser señalado por la ex congresista Yidis Medina como uno de los funcionarios que le ofreció dádivas para que favoreciera la aprobación de la reelección presidencial.

En agosto de 2010, cuando ejercía como Embajador en Italia, Pretelt fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por 12 años, al encontrarlo responsable de haber ofrecido una Notaría al ex congresista Teodolindo Avendaño a cambio de favorecer la propuesta de reelección presidencial; según el Ministerio Público, Pretelt, siendo Ministro del Interior, “se sirvió de su cargo” para “formular ofrecimientos” que afectaron el trámite de la iniciativa que permitió la reelección de Uribe.

 

Diego Palacio

Al igual que a Pretelt, la fiscal Morales anunció que el proceso contra al ex ministro de Protección Social Diego Palacio fue anulado desde su etapa probatoria, para ser asumido personalmente por su despacho, que debió reiniciar la investigación y formular la acusación al ex funcionario, señalado de ofrecer prebendas para que fuera votada positivamente la reelección de Uribe en 2004.

“Como en el mismo caso de la investigación contra el doctor Sabas se encontraba la investigación de Diego Palacio hoy decidimos dictar la nulidad desde el momento del cierre de la instrucción para asumir personalmente los dos casos, el del doctor Sabas Pretelt y el caso del ex ministro Palacio”, dijo entonces Morales.

Palacio y Pretelt habrían liderado una comisión del Ejecutivo encargada de hacer ofrecimientos extralegales a congresistas, a fin de conseguir el apoyo necesario para evitar que se hundiera el proyecto de acto legislativo que buscaba el aval para que Uribe se presentara a las elecciones presidenciales de 2006 siendo jefe del Estado.

Aunque la iniciativa estaba a punto de claudicar por falta de respaldo en la Comisión Primera de la Cámara, un sorpresivo apoyo de la entonces congresista Medina la puso a salvo en junio de 2004.

 

Notarías

En julio de 2009, el ex superintendente de Notariado Manuel Guillermo Cuello aseguró que desde la Casa de Nariño organizaron la entrega de Notarías para cuotas políticas de los congresistas que votaron a favor de la primera reelección presidencial en 2006.

Luego de estas denuncias, la Sala Penal ordenó abrir investigación informal.

Según Cuello, el proceso de entrega de Notarías estuvo a cargo del entonces ministro Pretelt y del viceministro Hernando Angarita, pero también habrían participado el secretario Moreno y los asesores presidenciales María Claudia Salgado y Juan David Ortega.

Cuello también mencionó a Tomás Uribe, hijo del ex presidente Uribe, en el trámite de una Notaría para un allegado en Tunja.

Cuello denunció a cerca de 30 congresistas y ex legisladores por haber recibido Notarías en diferentes lugares del país; entre ellos Mario Uribe, William Vélez, Jaime Amín, Ciro Ramírez, Alonso Acosta, Plinio Olano, Alirio Villamizar, Mauricio Pimiento, José María Imbet y César Negret.

En diciembre de 2010, Cuello fue destituido por la Procuraduría, que también lo inhabilitó por el término de 17 años, ratificando la sanción proferida un mes antes.

 

Referendo

Mención especial merece en este recuento el proceso por la fallida intentona de lograr una segunda reelección para Uribe.

Una reforma constitucional promovida por el Ejecutivo y la coalición de Gobierno en el Congreso, encabezada por el entonces nuevo Partido Social de la Unidad Nacional (Partido de la U), le permitió a Uribe alcanzar la reelección cuatro años más tarde, para un mandato que terminó en 2010.

Como esta enmienda no permitía una segunda reelección, los movimientos afines al gobernante se decidieron por la vía del referendo, para lo cual conformaron en el 2007 el llamado Comité Promotor.

El Congreso aprobó el proyecto de referendo en mayo de 2009 y Uribe firmó la ley correspondiente en septiembre del mismo año, pero la Corte Constitucional la invalidó en febrero de 2010 por irregularidades en su gestión legislativa y violación de topes financieros de la campaña.

En su fallo, el Tribunal concluyó que el Comité de Promotores del referendo “gastó una suma global que supera más de seis veces lo autorizado por el Consejo Electoral”.

Además, que “recibió aportes individuales superiores hasta casi 30 veces lo permitido”.

Las mismas irregularidades fueron recogidas por la Fiscalía General para el proceso penal que les abrió al ex senador Luis Guillermo Giraldo y otros responsables del Comité Promotor y Colombia Primero.

Giraldo está sindicado de falsedad ideológica y fraude procesal.

La recolección de firmas para presentar el intento reeleccionista como una iniciativa popular comenzó en octubre de 2007. Por entonces había estallado el escándalo por las prebendas que el Gobierno habría entregado a legisladores para que votaran a favor de la reforma constitucional que habilitó la primera reelección de Uribe.

Giraldo creó la Fundación Colombia Primero, apoyada por empresarios y políticos que ahora son investigados por prevaricato.

La Fundación recolectó cinco millones de firmas. Se denunció entonces que una buena parte de los fondos para esa campaña habían sido donados por David Murcia, principal accionista de la captadora ilegal de dinero DMG, extraditado a Estados Unidos por lavado de dinero.