Varios periodistas, al menos una docena, han sido amenazados en lo corrido del año según lo informado por la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) en diferentes departamentos del país como Valle, Antioquia y Córdoba.

Uno de los casos puestos en conocimiento por la Federación a las autoridades del orden nacional ocurrió en Buenaventura y Cali, con periodistas que cubren información judicial y de orden público, y que fueron amenazados a través de un panfleto firmado por la banda criminal “Los Urbabeños”, conocida también como Clan Úsuga.

Según el texto de la carta, se señala a los reporteros de dar información cuestionada por el grupo como dañina y mentirosa sobre Fanny Grueso Bonilla, alias La Chily, “detenida las semana anterior en Chile y acusada por las autoridades de ser integrante de Los Urabeños y de tener una vivienda en la que se practicaban torturas y descuartizamientos en Buenaventura”.

“Debido a los continuos ataques y señalamientos de los medios de comunicación hacia nuestra organización Los Urabeños… el que incumpla la orden de callar que está impartiendo Los Urabeños se le dará de baja y van a ser acribillados…Les damos 24 horas de plazo para que salgan de Buenaventura y a los de Cali también sino tendrán que pagar las consecuencias de sus actos”, advierte la nota amenazante dada a conocer por Fecolper.

Otro de los hechos que sacudió la libertad de prensa recientemente fue el relacionado con la amenaza a un equipo periodístico de El País de Cali, que se encontraba en el municipio de Palmira (Valle del Cauca), haciendo un reportaje gráfico sobre tráfico de fauna silvestre, cuando “fueron intimidados por un hombre que les quitó una cámara con la que se hacía el registro, les tomó fotos, los amenazó y llamó a más personas para amedrentarlos”.

“Con estos hechos negros para la libertad de prensa, ya son 10 los periodistas amenazados en el Valle del Cauca, sumado a 3 agresiones y 6 obstrucciones al trabajo periodístico en lo corrido del 2014, en el departamento del Valle”, dijo Freddy León, coordinador de Fecolper en la Zona Pacífico.

En Caucasia (Antioquia) y Montería (Córdoba) también se registraron casos de amenaza contra periodistas, cuando fueron señalados como “agistadores” en un panfleto atribuido presuntamente a la banda criminal de Los Rastrojos y en el que se les incluye con 22 personas más en lo que denominan “comienzo del plan pistola”.

De acuerdo con el texto de la nota, conocido por Fenalper, “no aprendieron la lección y siguen dedicados al proselitismo pro- farucho, han cogido de banderas los derechos humanos, la defensa de las víctimas, la restitución de tierras y la paz … Quedan notificados, si continúan su proselitismo político, sindicalista, pacifista, izquierdista contra nuestras organizaciones pagarán las consecuencias. Ellos saben que nuestra paciencia tiene límite”.

En repetidas ocasiones, siempre que se conoce una denuncia de amenaza, la Federación Colombiana de Periodistas “solicita al gobierno colombiano tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida de los periodistas, así como las de sus familias, y exige a la Unidad Nacional de Protección soluciones prontas y duraderas para garantizar la vida e integridad de los comunicadores”.

Informe mundial HRW

Precisamente, esta semana se conoció el informe mundial 2015 de la organización internacional Human Rigths Watch, que en su capítulo de Colombia indica que los “defensores de los derechos y los periodistas siguen siendo objeto de amenazas y ataques. La FLIP, una respetada organización no gubernamental (ONG) colombiana que vigila la libertad de prensa, informó 2 periodistas muertos y 75 amenazados en 2013, y 58 víctimas de este tipo de amenazas, entre enero y septiembre de 2014”.

Así miso, el documento señala que “la Escuela Nacional Sindical (ENS), la ONG de derechos laborales líder en Colombia, continúa reportando muertes de sindicalistas. A septiembre de 2014, la Unidad de la Fiscalía Especializada para la violencia sindical había abierto investigaciones sobre más de 110 casos de asesinado cometidos desde 2009, pero obteniendo condenas en solo nueve de ellos”.

El informe también se refirió sobre el senador Iván cepeda, donde indicó que “la Oficina del Inspector General continuó su investigación disciplinaria contra el congresista Iván Cepeda, prominente defensor de los derechos de las víctimas, para recopilar información sobre posibles abusos de paramilitares y presentarlo a las autoridades de justicia. La investigación, que se refiere a las entrevistas del congresista de exparamilitares sobre supuestos vínculos del expresidente Uribe con los paramilitares, parece ser totalmente infundada y podría tener un efecto negativo sobre otros que buscan la rendición de cuentas por los abusos de derechos humanos”.

Finalmente reconoció que el trabajo que viene adelantando el Gobierno Nacional en esta materia. “el Ministerio del Interior puso en marcha un programa de protección que cubre a miles de miembros de grupos vulnerables en riesgo, incluidos los defensores de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas”.