Antes de que los acontecimientos en que el exministro Juan Carlos Esguerra se vio envuelto por cuenta de la conciliación y aprobación de la reforma judicial, el entonces jefe de la cartera de la Justicia y el Derecho estaba muy entusiasmado con lograr modernizar el Estatuto del Abogado.

Con base en un informe de la Fiscalía, dando cuenta de las estrategias dilatorias que usan algunos abogados en los procesos, el Ministerio comenzó a trabajar en la reglamentación y castigo de las malas prácticas en el ejercicio del derecho.

Hoy, aunque hay nueva ministra de Justicia, aún ese Estatuto no esta muerto, pues Ruth Stella Correa le encargó a su antecesor la culminación de los ajustes del proyecto que será presentado en los próximos meses al Legislativo.

Esguerra le aseguró a EL NUEVO SIGLO que ya está dándole las puntadas finales y cuando esté listo lo socializará con la ministra Correa, quien tendrá la última palabra acerca de si se radica en el Congreso.

“Lo que estoy haciendo es revisando el texto final, incluyéndole algunos puntos y mirando que quede bien redactado. Que sea una cosa tan bonita como uno sueña”, dijo sin ocultar su orgullo.

El nuevo estatuto pretende recoger en un solo cuerpo normativo las normas que hasta la fecha rigen el ejercicio del Derecho.

Según Esguerra, la norma definirá las responsabilidades, obligaciones y el establecimiento de sanciones drásticas para los abogados, encaminadas a evitar que su conducta ocasione problemas en la justicia. 

La renovación del Estatuto del Abogado se requiere con mucha urgencia, le comentó a reste Diario el jurista Julio Andrés Sampedro, director de Derecho procesal de Pontificia Universidad Javeriana.

“Creo que se les debe dar una exigencia mayor a los aspectos éticos en ejercicio de la profesión. Hay que introducirles sanciones fuertes en el ejercicio de la profesión y además generar responsabilidades disciplinarias para los abogados”, manifestó Sampedro.

Por su parte, el exmagistrado Hernando Yepez expresó que realmente el Estatuto actual ha sufrido un desgaste del paso de los años. El ex magistrado indicó que han cambiado muchos las normatividades que realmente no rigen con los artículos expedidos hace mucho tiempo dentro del código.

“Hoy se hace necesario hacerle una referencia muy precisa a la vinculación del abogado en ciertos valores como el que tengan identificados sus objetivos de acuerdo al estado social de derecho, y que persistan los valores de solidaridad en beneficio de la comunidad”, dijo Yepez.

Entre tanto el analista y catedrático Jorge Enrique Ibañez anotó que, teniendo en cuenta que existen dos Estatutos en estos momentos, “uno  que modifica el decreto 196 del año 1971 que ya tuvo una reforma en el 2003 y el otro el Código Disciplinario, no se necesitarían más Estatutos”.

Según Ibañez las dos normatividades vigentes son complementarias. Expresó además que el Código trae un reglamento especial para los abogados, con deberes y funciones que tienen que cumplir. “Lo que si es necesario es que en algún momento se haga alguna actualización de las reglas de lo que debe ser la enseñanza del derecho”.

Daniel Lombana abogado laboralista cree que no son necesarias nuevas leyes, lo se debe es aplicar las existentes. “Las sanciones disciplinarias son fuertes, no considero necesario introducir nuevas leyes, puesto que el estatuto del abogado es bastante extenso y lo que se les debe es dar aplicación a la normatividad vigente”.

Para el exmagistrado José Gregorio Hernández el tema principal que se debe incluir en el Estatuto del Abogado es de la lealtad al cliente.

El jurista recordó algunas anomalías que deben ser investigadas y sancionadas ejemplarmente. “Tenemos la situación consistente de que los abogados utilizan mecanismos dilatorios en los procesos. En otras ocasiones no hay lealtad con sus clientes. En otras oportunidades los abogados utilizan medios no legales para sacar adelante sus procesos”.

Hernández indicó que al actual Estatuto se le puede adicionar sanciones para conductas que muestran corrupción en la profesión.

 

 

Sanciones impuestas

 

De las 101 sanciones que impuso la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en los meses de enero y febrero de 2012, 73 de ellas son contra abogados que incurrieron en faltas disciplinarias y 28 a funcionarios judiciales entre jueces y fiscales.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria les resolvió un total de 346 procesos a funcionarios judiciales y 186 quejas presentadas sobre abogados, la mayoría de ellas resueltas a favor de los disciplinados, lo que, en teoría, demostraría que un gran número de servidores de la Rama Judicial desempeñan sus funciones con apego a la normatividad vigente.

La Judicatura también decidió durante este periodo 91 conflictos de competencia y jurisdicción y 195 acciones de tutela.

La Corporación profirió entre los meses de enero y febrero 818 providencias judiciales, cifra importante en cuanto a los resultados de productividad de la entidad, que demuestra el compromiso de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria con la administración de justicia.

 

 

Ejercicio profesional

 

De acuerdo con publicaciones serias al respecto, el aumento de las sanciones disciplinarias contra los abogados por el incumplimiento de los deberes frente a sus clientes y por la dilación de los procesos basada en artimañas es tan solo una de las realidades que preocupan a estos profesionales, a las facultades de Derecho y a la misma sociedad.

Como lo citaron los expertos consultados, el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía (decreto 196 de 1971) le exige al abogado, entre otras obligaciones, la colaboración en la realización de una recta y cumplida administración de justicia y actuar lealmente en las relaciones con sus poderdantes.

 El abogado también está sujeto al Código Disciplinario del Abogado (Ley 1123 de 2007), pero algunos temas, como el cobro de honorarios, las relaciones en las firmas y algunas prácticas profesionales carecen de regulación específica.

 

Trampas a erradicar

 

En resumen, las artimañas utilizadas pueden ser muchas, pero en su mayoría son derivaciones de las siguientes.

Una muy común es entorpecer el curso de los casos renunciando a la defensa de sus clientes en etapas claves del proceso, con el propósito de dilatar los procesos facilitando que se venzan los términos o prescriban las investigaciones.

Los términos pueden excederse evitando ser informados de las decisiones.

También es recurrente el pedir pruebas amañadas, como la versión de testigos que no pueden ser ubicados o documentos inexistentes.

Suele ocurrir que abogados y acusados adoptan actitudes desafiantes y provocadoras hacia jueces y fiscales, buscando que ellos reaccionen y puedan invocar falta de garantías y recusarlos.

No son pocas las audiencias que deben aplazarse porque el acusado o sus abogados, por cualquier razón, no se aparecen ante el juez.