Controversia sigue generando la posibilidad de que los exguerrilleros tengan participación política dentro de un Gobierno colombiano a raíz de la aprobación del Marco Legal para la Paz. El tema ha generado una polarización total en diferentes sectores políticos.
Uno de los principales opositores a esta posibilidad ha sido el expresidente Álvaro Uribe, quien ha expresado a través de diferentes medios de comunicación su punto de vista frente al tema. Esta semana escribió en su cuenta de la red social Twitter: “Mientras el presidente Santos dice que ‘Timochenko’ y sus secuaces no serán elegidos, el marco impulsado por el mismo Gobierno hace todo lo contrario”.
Sin embargo el autor, y uno de los principales promotores de la iniciativa, el senador del Partido de La U, Roy Barreras, explicó que los beneficios de vocería política sólo serán para aquellos exguerrilleros que sean responsables de delitos políticos, es decir, rebelión, asonada y los conexos, y ha insistido en que esa opción no es considerada para aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad.
Este Diario logró establecer que así como el senador Barreras, el analista político Alejo Vargas está de acuerdo con la iniciativa de la vocería porque considera que la política y no la violencia es la verdadera base de un proceso de paz.
“Es bueno que tengan vocería política quienes han pertenecido a los grupos armados, es importante porque es lo que se busca. Como bien decía en su época el presidente Virgilio Barco, lo que se busca es que esos grupos dejen de echar balas y echen babas, para decir que es mejor que hagan discursos, que hagan política y no que estén haciendo violencia y de eso es que se trata de un proceso de paz”, explicó Vargas.
Pero los contrastes frente al tema siguen siendo evidentes, tanto así que el analista de política de la seguridad nacional, Alfredo Rangel, expresó su desacuerdo no sólo con la participación en política de los exintegrantes de grupos guerrilleros, sino que mostró su rechazo por el articulado de la propuesta sin salvar siquiera alguno de los puntos.
“No hay nada rescatable en el proyecto, creo que es muy inconveniente que no debió ser aprobado y creo que el Gobierno y el Congreso han debido escuchar todas las opiniones en contra de esa iniciativa que se hicieron desde muy distintos sectores políticos tanto en el país como desde la comunidad internacional”, expresó Rangel.
Herramientas para la paz
Según el texto aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes en su último debate, la finalidad del Marco Legal para la Paz es brindarle a este Gobierno -o a uno futuro- las herramientas jurídicas necesarias para adelantar un proceso de paz con los grupos guerrilleros, para que cuando vea las condiciones del país lo permitan se puedan plantear estrategias como una desmovilización masiva o total de estos grupos.
Para Alejo Vargas el marco para la paz es un proyecto controversial porque pone en “tensión” valores que él considera importantes para la sociedad como la justicia, la paz, la reparación de víctimas y la reconciliación, pero considera que es una buena posibilidad para que el Gobierno busque la paz.
“Coincido en la idea de que es importante que el Gobierno tenga esa herramienta para futuros procesos de paz, pero evidentemente hay sectores que creen que el tema se debe resolver por la vía militar exclusivamente y miran eso con grandes rechazos”, afirmó el analista político.
Sin embargo, Rangel insistió en que este marco generará impunidad incluyendo los crímenes de lesa humanidad y de guerra que se ha cometido a lo largo de los años en el país. “Es una ley que va a generar impunidad, igualmente creo que como va a perdonar los crímenes pasados, los presentes y los que se vayan a cometer hasta que entre en vigencia la ley, pues va a generar un incremento de la violencia por parte de los grupos guerrilleros”, destacó.
Además criticó el hecho que el Estado entregue tantas herramientas sin recibir ninguna contraprestación de los grupos al margen de la ley.
“La Justicia es una carta que el Estado debe conservar para esgrimir en la mesa de negociación y no se debe anticipadamente hacer ese tipo de concesiones sin recibir ningún tipo de contraprestaciones”, afirmó.