No termina la polémica alrededor de las denuncias de presuntas presiones a la Policía de Tránsito para cumplir determinadas cuotas de comparendos a los infractores.

El domingo, en entrevista con EL NUEVO SIGLO, el director de la institución, general Rodolfo Palomino, fue interrogado al respecto de esas denuncias, que incluso fueron respaldadas con grabaciones que probarían las presiones.

“Es un hecho absolutamente infortunado, inadmisible en todo sentido, toda vez que la Policía no permitirá recibir presiones de ninguna naturaleza. Hay una actuación equivocada que no la vamos a permitir y por esta razón se solicitó la intervención de la Fiscalía y del Ministerio Público. Igualmente la Inspección General de la Policía, tan pronto se conocieron los audios, abrió la correspondiente investigación disciplinaria”, indicó.

Precisó el general Palomino que “antes, ahora, ni jamás la Policía estaría orientando su esfuerzo, particularmente en el escenario de la movilidad, a impartir indiscriminadamente comparendos para lograr cumplir unas cuotas”.

Insistió el alto oficial que “tal como se han presentado” los audios, “tal y como se ha escuchado, ese procedimiento no es admisible. No es el que corresponde al actuar profesional y responsable de la institución armada. Además hacen tránsito otros procesos en la Procuraduría y la Fiscalía. El oficial que aparece en las grabaciones se encuentra separado del servicio”.
Precisamente ayer en el Congreso, durante un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara, el representante por Bogotá, Carlos Eduardo Guevara, del MIRA, denunció que los comparendos y multas que imponen los agentes de tránsito en el país se han convertido en un negocio muy lucrativo para las secretarías de Movilidad y los organismos de tránsito.

Guevara puso como ejemplo a Bogotá: “Del presupuesto de la Secretaría de Movilidad para 2013, que fue de 189.850 millones de pesos, cerca de 83.941 millones ingresaron por concepto de multas de tránsito. Es decir, excesivos gastos de una entidad, que en algunos casos pueden considerarse como burocráticos, son pagados con dineros que provienen de comparendos”.

Insistió en que “esta situación le da credibilidad a las denuncias sobre como los agentes de tránsito son presionados para que se dediquen sólo a imponer multas y no a controlar el caótico tráfico”.