Era posible que en Venezuela la oposición, conforme a los hechos de la última semana, se levantara de la mesa de diálogo o que el Gobierno, quien fue quien lo hizo, dijera “no más” a las negociaciones bilaterales. Esta ruptura, sin embargo, es “momentánea” y no perjudica la reunión del próximo 6 de diciembre, según el oficialismo. Ese día las partes, por tercera vez en un mes, se verán las caras y pondrán sobre la mesa el nivel de cumplimiento de los acuerdos fijados durante los anteriores encuentros.

Pero lo que se conoce como “ruptura momentánea” puede extenderse un tiempo y convertirse, al cabo de unos días, en una clausura permanente de los diálogos. En Venezuela, los esfuerzos del Vaticano y los expresidentes -Zapatero, Fernández y Torrijos-, pueden quedar en vano ante el nivel de polarización entre las partes, que pasó a un tono más agudo luego del debate en la Asamblea Nacional (AN) sobre el caso de los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, acusados de traficar cocaína a Estados Unidos.

El viernes 18 de noviembre la Corte Federal del Sur de Manhattan determinó que Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas intentaron traficar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos desde Haití, de acuerdo a un reporte de la Agencia Estadounidense Antidroga (DEA -siglas en inglés-). Los sobrinos de la primera dama, de los cuales uno es ahijado del presidente, también buscaron enviar droga desde Honduras, demostrando que tenían un plan criminal para comercializar estupefacientes, cuyo origen, según un video conocido por Infobae, venía de la guerrilla de las Farc. 

El caso los sobrinos Flores despertó la reacción inmediata de la oposición venezolana que el martes pasado citó a plenaria para discutir las razones por las cuales estos dos hombres obtuvieron pasaportes diplomáticos y usaron, como muestran las grabaciones, “el hangar presidencial” para traficar drogas.

La discusión giró en torno a la presunta responsabilidad de las autoridades venezolanas, entre ellas la primera dama y el presidente por su grado de cercanía, al conceder pasaportes diplomáticos. El oficialismo, sin embargo, no le dio cabida al debate en la Asamblea y prefirió desviar la discusión, hasta que ayer decidió levantarse de la mesa de diálogo.

¿Fue un error?

El 30 de octubre, cuando las partes se sentaron por primera vez, algunos sectores, entre ellos el partido de Leopoldo López, “Voluntad Popular”, anunciaron que no era el momento indicado para negociar con el Gobierno. Esa sensación, que una semana después se volvió generalizada por los pocos gestos del Ejecutivo, terminó por dividir a la Mesa de la Unidad de Democrática (MUD), que, sin embargo, se mantuvo al frente del diálogo, hasta ayer.

Ha pasado, casi, un mes desde que las partes empezaron los diálogos, pero en la MUD se oyen voces que reconocen una especie de “arrepentimiento”. No es que estén arrepentidos por haber aceptado  la mesa de diálogo, sino porque durante el intercambio con el Gobierno se dejaron de hacer muchas cosas: manifestaciones y continuación del juicio político.

Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda y uno de los líderes de la oposición, reconoció que fue un “error” haber paralizado las movilizaciones en las calles por el diálogo nacional entre la oposición y el oficialismo. “Tenemos que caminar y masticar chicle al mismo tiempo", dijo, argumentando que en la reunión del 6 de diciembre, a la que insistió que sí van asistir, la oposición llegará “con otro tono”.

Pero el líder opositor también señaló a Maduro de ser el responsable de la suspensión de la mesa de diálogos, “¡nunca cumplió, quedó en evidencia frente al mundo y hasta del Papa se burló!”. Esto demuestra que detrás del levantamiento del Gobierno por la supuesta molestia que causó el debate sobre los sobrinos, existe una agenda de incumplimientos a lo largo de las negociaciones que conllevó al rompimiento de la mesa.

El 30 de octubre las partes acordaron una agenda que tenía, entre varios temas, la liberación paulatina de presos políticos, la incorporación de los diputados del Amazonas, para salir del estado de “desacato” ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la implementación de políticas humanitarias para suplir al país de medicinas y alimentos. En la segunda reunión, el 11 de noviembre, estos tres puntos no se habían cumplido como se esperaba, generando un ambiente de animadversión que los mediadores supieron manejar.

Desatando la desconfianza de la oposición, el Gobierno sólo liberó a cinco presos políticos el 31 de octubre, una suma muy inferior a la que se esperaba -en total son 120-. Luego obstaculizó la ayuda internacional humanitaria que venía con medicinas y alimentos, situación que fue denunciada por Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD y negociador en la mesa. Igualmente, durante noviembre, no permitió que la Asamblea Nacional saliera del estado  de “desacato”, cuyo efecto era necesario para permitirle a los parlamentarios legislar ante la parálisis ordenada por el tribunal.

Tanto Torrealba como Capriles insistieron en la importancia de las movilizaciones en las calles y dijeron que el Gobierno fue el que se levantó la mesa. Mientras, Maduro se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero en Miraflores, para discutir las razones por las cuales sus delegados decidieron romper, “momentáneamente”, el diálogo. El domingo pasado el presidente de Venezuela en su programa, “En contacto con Maduro”, había dicho que estaba dispuesto a continuar la mesa de diálogo, culpando a la MUD de incumplir los acuerdos.

Elevando la tensión entre las partes, Delcy Rodríguez, canciller del gobierno Maduro, ayer demandó a Henrique Capriles por “falsificación de documento público”, al decir que la cancillería aprobó pasaportes diplomáticos a los sobrinos de Maduros.

El futuro de la mesa de diálogo ya no “pende” de un hilo, como se dijo la semana pasada en estas páginas. Por lo visto, parece que las partes  no se sentarán a negociar de nuevo.