El incremento salarial que por la vía de un decreto debe hacer el Gobierno nacional para el presente año a los servidores públicos se mantiene en veremos porque siguen suspendidas las conversaciones sobre el pliego de peticiones. Se espera que después de Semana Santa se reactiven los diálogos.

El presidente de la CGT (Confederación General del Trabajo), Julio Roberto Gómez, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “la verdad es que como están suspendidas las negociaciones entre el Gobierno, las centrales obreras y las federaciones del Estado, entonces hasta el momento no hay ni siquiera luz amarilla frente a esa situación. Continúa en un estado total de desacuerdo, es decir, que no hay absolutamente nada”.

El dirigente sindical agregó que “debería haber sido uno de los primeros puntos en negociarse porque tiene que ver con la sobrevivencia de la gente, mucho más luego de que el Consejo de Estado tumbó el decreto sobre el salario mínimo del año 2016, pero este Gobierno no está interesado en resolver los problemas de los trabajadores. Hemos apoyado el proceso de paz, pero ‘deshabanizar’ esta situación sería saludable para el país. Pero no le veo ninguna voluntad política al Gobierno de llegar a un acuerdo con los trabajadores”.

Un pedido que han hecho las centrales obreras y los voceros de los servidores públicos para retornar a la mesa de negociación es que “asista el Ministerio de Hacienda, no solo el Viceministro, que es un señor en honor a la verdad, sino que ponga la cara también el Ministro (Mauricio Cárdenas) porque es un Ministro bastante virtual en términos de presencia. De tal manera que consideramos que ahora que pase la Semana Santa debería de reiniciarse la negociación con todas las de la ley”, estimó Gómez.

Agregó que “consideramos que un incremento al menos de un 10% sería lo meridianamente justo con los trabajadores del Estado, más teniendo en cuenta los impactos de la Reforma Tributaria en la canasta familiar, que eso no solamente tiene que ver con la gente de salario mínimo legal sino que tiene que ver en general con  el conjunto de la población y el conjunto de los trabajadores. Entonces esperamos que haya un acto de justicia por parte del Gobierno nacional alrededor de esta situación”.

Acción de cumplimiento

En marzo pasado fue impetrada una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el presidente de la República, Juan Manuel Santos; el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría; y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Liliana Caballero Durán, para que el Gobierno decrete el aumento del salario de los empleados del sector público para el año 2017.

La acción fue presentada por el abogado Hermann Gustavo Garrido Prada, quien dijo que la tardanza en el incremento salarial del 2017 ha afectado a los estatales porque su poder adquisitivo se ha visto disminuido por cuenta de la Reforma Tributaria que se aplicó desde principios de este año.

El aumento del salario de los servidores públicos para este año tiene como precedente el reciente fallo del Consejo de Estado que declaró nulo el decreto por medio del cual el Ejecutivo fijó el incremento del 7% en el salario mínimo para el 2016.

El alto Tribunal exhortó al Gobierno a que cada vez que se vea obligado a decretar el aumento anual del salario mínimo lo haga explicando con suficiencia y precisión cuáles fueron los motivos que lo llevaron a calcular el respectivo incremento.

No obstante el Consejo de Estado aclaró que su decisión no afecta los salarios, tributos, multas y demás pagos que fueron efectuados con base en dicha norma.

Para la corporación, la decisión del Gobierno no contó con la motivación adecuada, pues no explica, como es debido, la incidencia de factores como la inflación, índices de productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y demás elementos que fueron referentes para el cálculo del aumento.

La sentencia explica que, por ejemplo, frente al índice de precios al consumidor (IPC) proyectado para el año pasado, el Gobierno se limitó a explicar que la meta de inflación para ese año era del 3%. En este, como en otros casos, no se explicó la influencia de las cifras y frente a otros aspectos los datos fueron incompletos, dice la Sala.