La controversia por los beneficios o perjuicios que traería la reforma a la educación que tramitará el Congreso en los próximos días, continúa en todas las esferas. Actualmente, las universidades públicas del país se mantienen en paro indefinido hasta que el Gobierno retire la iniciativa del Legislativo, pero el Gobierno se mantiene en no hacerlo.

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, aseguró que el proyecto de ley concibe la educación superior como un derecho y un bien público, por lo que “al traer sólo beneficios para el país, la decisión del gobierno nacional es no retirar el proyecto del Congreso".
Sin embargo, el senador del Polo Democrático, Luis Carlos Avellaneda, afirmó que a pesar de “lo que ha dicho el Presidente Santos, de que por ahora se retira de la propuesta de reforma el ánimo de lucro, ese condicionante deja entrever que en el espíritu de la política educativa sí está el componente de mercantilización y entrega al sector privado de la educación superior en Colombia”.
“En efecto, en el proyecto 112 de 2011 Cámara, "por el cual se organiza el sistema de educación superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior", también encontramos ese espíritu mercantilizador, a pesar que reconoce la educación superior como un derecho y un bien público, pues el contenido del mismo contradice ese postulado desde el hecho de basarlo en el "mérito y la vocación" (artículo primero), principios que define en términos de la competencia propia de un mercado de servicios, ligados a incentivos y mecanismos financieros que allí se necesitan, hasta la pérdida de peso relativo de la inversión en educación de las finanzas públicas”, señaló el congresista.
Según Avellaneda, “el proyecto de ley 112 de 2011 Cámara, es una reforma en la que el papel del Estado pasa de ser el financiador de la educación superior, a ser la policía educativa que vela por unos mínimos de calidad, autoriza el funcionamiento de las instituciones, regula la libertad de competencia y mercantiliza la educación superior, como se puede deducir del análisis del título II, V y VI del proyecto de ley”.