La necesidad de plantear una reforma pensional al Estado colombiano en las próximas semanas ha generado controversia en diferentes niveles de la sociedad.

Aunque el procurador Alejandro Ordóñez y el vicepresidente Ángelino Garzón están de acuerdo en hacer una reforma pensional, cada uno tiene una visión muy diferente de lo que se debe hacer.

Para el Procurador, una de las estrategias más viables para que los colombianos puedan acceder a la pensión es que “quienes tienen la responsabilidad de reconocer las pensiones decidan por fin acatar la Constitución y la Ley”, y también aseguró que en el erario público hay detrimentos patrimoniales como resultado de entidades que no resolvieron ni reconocieron oportunamente las solicitudes de quienes tenían derecho a la pensión.

“Los derechos pensionales hay que reconocerlos a sus legítimos portadores; no hacerlo en vía gubernativa tiene costos altísimos y degradantes: tiempo, vida digna, para un exempleado que pasa años luchando no solo un fallo, sino el cumplimiento del mismo”, aseguró Ordóñez.

Para el vicepresidente Garzón las cosas son diferentes; él considera que una reforma pensional debe estar encaminada a la ampliación de la cobertura de los cotizantes, pues “mientras existen hoy en Colombia más de 19 millones de trabajadores, solamente cinco millones cotizan”.

El Vicepresidente también propuso hacer un “gran Fondo de Reserva Pensional” derivado de los ingresos que tiene mensualmente el Seguro Social. “Hoy el Estado, en el caso de los afiliados y pensionados al Seguro Social, recibe mensualmente 360.000 millones de pesos de los cotizantes y solo gira 320.000 para el pago de pensiones, lo que significa que mensualmente está quedando un superávit promedio de 40.000 millones de pesos. El problema es que los están manejando como ingresos y egresos y no como recursos destinados exclusivamente al tema pensional”, dijo Garzón.