Aunque la Comisión Primera de la Cámara de Representantes hundió esta semana el proyecto de acto legislativo que proponía elevar a derecho fundamental el acceso a Internet, el debate todavía no se agota.

El representante boyacense Humphrey Roa afirmó que ésta era la única vía para lograr el desarrollo del país.

“Es la única forma en que podemos buscar que nuestro país continúe con el avance y el desarrollo de las tecnologías. Consideramos que desde el campesino en el rincón más recóndito del país, hasta la ciudad capital, deben tener un derecho a abrir puertas con el mundo y poder desarrollar todas las actividades que tenemos tanto en el sector agropecuario, como en el educativo, y es un ámbito totalmente generalizado de llegar al mundo entero”, aseguró.

Para Roa, de haberse aprobado el acto legislativo, no se hubiera llegado hasta la acción de tutela para poder gozar del derecho de acceder a Internet, “pues es parecido a como se está haciendo con el proceso de la televisión, pues ahorita va a llegar un programa de televisión social y lo mismo puede hacerse con Internet, buscar que éste sea social, para todos”.

Y en la otra orilla están algunos como el también representante conservador Heriberto Sanabria, quien argumenta que no se debe constitucionalizar el derecho a Internet, sino garantizar la libertad de su uso.

“El procedimiento no es el adecuado, pues no podemos nosotros elevar a derecho fundamental el acceso al Internet. Lo que tenemos que elevar a derecho fundamental es la garantía a la libertad del uso del Internet, como en el pasado se garantizó la libertad de prensa, de comunicación, pero no podemos constitucionalizar y obligar al Estado y someterlo a un derecho fundamental”, explicó.

Según Sanabria, “eso es como si el día de mañana nos piden que haya que constitucionalizar o convertir en derecho fundamental el acceso a los gimnasios, a ir a cine; pero esas disposiciones se pueden desarrollar a través de una ley y no a través de un acto legislativo”.