Todo indica que en 2014 con las presidenciales y parlamentarias, el Consejo Nacional Electoral tendrá que enfrentar unas segundas elecciones  sin lograr la autonomía administrativa y presupuestal así como una planta de personal propia, acorde con las nuevas funciones que le otorgó la Reforma Política de 2009 (Acto Legislativo 01).

El organismo electoral ha llamado la atención por esta situación, pues sigue dependiendo presupuestalmente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo que la planta de personal y la contratación se ejecutan a través de esta última entidad. Lo que no se compadece con las nuevas responsabilidades que le dio la ley, pues a partir del Acto Legislativo 01 este organismo regula toda la actividad electoral, para lo cual inspeccionará, vigilará y controlará la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, entre otros.

Para tal fin, el Acto Legislativo 01 de 2009 señala en el artículo N° 12 que el CNE “gozará de autonomía presupuestal y administrativa”. Sin embargo, de esa época a hoy el Congreso ha hundido tres proyectos de acto legislativo en este sentido que ha presentado el Consejo Nacional Electoral.

Al respecto la presidenta de este organismo, la magistrada Nora Tapia, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “tocamos nuevamente el tema con el señor Ministro del Interior (Fernando Carrillo) porque es un asunto que debe atañer también al Gobierno nacional. La Constitución como norma viviente debe aplicarse y cuando no sea posible, deben todos los funcionarios del Estado velar porque la Constitución tenga una eficaz y eficiente ejecución. Es decir, el Consejo Nacional Electoral, como le manifestábamos al señor Ministro, necesita las herramientas para cumplir con su función, que además es ser garante de la democracia de este país. Por tanto, insistiremos ante el Congreso pero solicitaremos e insistiremos en el apoyo del Gobierno en sacar avante la autonomía del Consejo Nacional, tanto en su planta de cargos como en la parte financiera”.

La magistrada Tapia prendió las alarmas sobre el futuro que espera al Consejo Electoral en materia de colaboradores para cumplir sus funciones, teniendo en cuenta que “la señora Contralora General de la República ha manifestado que no podemos hacer más uso de contratos de prestación de servicios. Entonces, al no poder vincular a nuestros funcionarios por contrato de prestación de servicios y solo poder acudir a la colaboración que nos presta la Registraduría y hacer nombramientos por la vía de supernumerario, eso afecta ostensiblemente la función constitucional del Consejo porque significa que hay funcionarios que van a poder trabajar solamente 10 meses. No los vinculan por los 10 meses sino por periodos pequeños de tres y cuatro meses, eso genera ansiedad, incertidumbre y fuga de buenos funcionarios”.

No obstante que después del 20 de julio el Consejo Electoral presentará por cuarta vez este proyecto al Congreso, no alcanzará a tener la autonomía administrativa y presupuestal de que habla la ley para las elecciones de 2014, pues se trata de una reforma constitucional (8 debates) y luego la misma debe pasar a revisión de la Corte Constitucional.

Intentos fallidos

En marzo del año 2012 el entonces presidente del Consejo Electoral, José Joaquín Plata, radicó un proyecto (190/12 Cámara) para hacer efectiva la autonomía administrativa y presupuestal del Consejo Electoral.

La iniciativa fue aprobada en primer debate por la Comisión Primera de Cámara, pero se quedó a la espera del segundo debate en la plenaria de esta Corporación. Como consecuencia la iniciativa se hundió por términos.

Luego en julio de 2012, nuevamente el magistrado Plata en su condición de presidente para la época del Consejo Electoral presentó un proyecto (02/12) en este sentido; pero lo retiró en noviembre del mismo año, cuando aún no había recibido el primer debate en la Comisión Primera de Cámara.

Finalmente, en marzo de este año, el entonces presidente del Consejo Electoral, Carlos Ardila Ballesteros, radicó un nuevo proyecto de este tipo. Sin embargo, la iniciativa ni siquiera recibió ponencia para primer debate, por lo que se hundió por términos el pasado 20 de junio, cuando se finiquitó la tercera legislatura del Congreso.