La decisión la tomó el juez quinto penal de Manizales por el asesinato de tres jóvenes que fueron presentados como guerrilleros en el 2008.

Las víctimas eran naturales del municipio de Pradera, Valle del Cauca, y habían sido atraídos a Caldas con falsas promesas de trabajo, para luego ser asesinados en la vía Chinchiná-Manizales y posteriormente ser presentados como guerrilleros abatidos en combate.

En la escena del crimen no ocurrió ningún enfrentamiento armado, tal como habían asegurado los uniformados, estableció un grupo de investigadores a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.