Un total de siete de los nuevos gobernadores se encontró con su departamento en el régimen especial al que sometieron para reestructurar sus pasivos en el marco de la Ley 550, lo que les ha permitido hasta el momento hacer acuerdos de pagos con sus acreedores y de esta forma evitar la parálisis administrativa y los embargos.

Los departamentos que no han terminado este proceso de saneamiento de sus deudas contempladas en el acuerdo de pago al que se comprometieron con el apoyo técnico y vigilancia  de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda son Caldas, Caquetá, Córdoba, Magdalena, Nariño, Sucre y Valle del Cauca.

Magdalena es de estas entidades territoriales la que lleva mayor tiempo en la Ley 550, pues la suscripción del acuerdo de pagos se hizo el 23 de julio de 2001. Sin embargo en septiembre de 2009 se produjo la primera modificación del acuerdo, tras  de lo cual se han cumplido los compromisos, según señaló a finales del año anterior el Comité de Vigilancia de Reestructuración de Pasivos.

En tanto que Nariño es el segundo departamento del país que más tiempo ajusta en la Ley 550, pues suscribió el acuerdo de pagos en abril de 2002, cuando sus deudas superaban los $152 mil millones.

A finales de 2014 y tras una reunión con el equipo del Ministerio de Hacienda que promueve el acuerdo de reestructuración de pasivos de la Gobernación de Nariño, el entonces secretario de Hacienda de Nariño, Plinio Pérez, anunció que este año el departamento terminará de pagar todas sus cuentas y saldrá de la Ley 550. Explicó que para ese momento solo faltaba por pagar $4.100 millones, que corresponden a los pagos que se harán en las vigencias 2015 y 2016.

Caldas, Valle y Caquetá son los departamentos que más recientemente se acogieron a la Ley 550, los dos primeros en el 2013 y el tercero en el año pasado.

El nuevo gobernador de Sucre, Édgar Martínez Romero, manifestó que el departamento por el momento se mantendrá en la Ley 550. “Muy a pesar de que el blindaje que esta estrategia ofrece ha sido vulnerada con actos  severamente corruptos en repetidas ocasiones, causando al departamento una deuda superior a los $41 mil millones”, indicó.

Por otra parte, Chocó es el único departamento que ha fracasado hasta el momento en el acuerdo de pagos que suscribió al cobijo de la Ley 550 desde que fue implementada esta norma en el año 2000.

 Chocó inició el acuerdo en marzo de 2001 y finalizó en julio de 2007 por incumplimiento en la ejecución. Al salir de la Ley 550, Chocó tenía pasivos cifrados en $63 mil millones.

El departamento del Chocó ha querido volver a ser cobijado por esta norma, sin embargo la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda señaló que esto no es posible, pues es claro que no se puede presentar nuevamente una entidad territorial que no logró cumplir este proceso. La situación es diferente para los municipios y departamentos que logren adelantar con éxito el acuerdo de pagos de sus acreencias en los términos que fija la Ley 550, que les da la posibilidad de volverse a postular de ser necesario.

Capitales

En tanto que cuatro de los nuevos alcaldes de ciudades capitales encontraron su ciudad inmersa en acuerdos de reestructuración de pasivos, lo que les ha permitido adelantar convenios de pagos con sus acreedores. Barranquilla se acogió en al año 2002 y Montería en 2004.

Las otras dos ciudades tienen menos tiempo de haberse acogido, pues Sincelejo lo hizo en abril de 2013 y Valledupar en septiembre del año anterior.

Hay otras capitales del país que ya han pasado por este proceso concluyéndolo de manera exitosa, como es el caso de Leticia (Amazonas), municipio que ingresó en 2002 y finalizó en 2007, al igual que Mocoa (Putumayo), Popayán (Cauca), Riohacha (La Guajira) y Santa Marta (Magdalena).

Se amañaron

Hay municipios que pasa el  tiempo y no parecen estar interesados en terminar el acuerdo para el pago de sus pasivos y salir de la Ley 550, lo que según dijo a EL NUEVO SIGLO la directora de la Dirección de Apoyo Fiscal, Ana Lucía Villa,  “están dejando a propósito pasivos para mantenerse con el amparo de la Ley porque el gran beneficio que tienen es que no los pueden judicializar. Entonces tengo Barranquilla y Montería que no quieren terminar el acuerdo”.

Explicó la funcionaria que esa es una decisión de los alcaldes porque pueden tener la protección de los recursos para la inversión. “Porque ellos dicen, ‘levantamos el acuerdo de pasivos y al otro día los jueces nos embargan y se llevan la plata de la inversión’”.

No obstante, la funcionaria destacó que en este momento hay menos entidades territoriales adelantando dicho proceso, pues hace algunos años se llegó a tener 17 departamentos y más de 80 municipios en la Ley 550.

A mediados de diciembre pasado, la entonces alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, anunció que al final de 2015 se haría el último pago en el marco de la reestructuración de pasivos. No obstante aceptó las recomendaciones para mantener al Distrito en la Ley 550 como una forma de blindarlo contra eventuales futuros embargos.

“Cuando llegamos en enero de 2012 había una deuda de $440 mil millones y en estos cuatro años hemos venido pagando deuda”, explicó Noguera.