Las zonas de reserva campesina (ZRC) son reconocidas por el Gobierno, pero sin vías de hecho, declaró ayer el presidente Juan Manuel Santos al instalar junto a la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, la Mesa Agraria en el Centro Memoria, Paz y Reconciliación, de Bogotá.
Santos afirmó que las ZRC son una inquietud de varios de los integrantes de la Mesa Única, reiterando que “el Gobierno las reconoce como un instrumento legítimo de desarrollo rural, creado por la Ley”.
“Lo que no debe olvidarse”, continuó, “es que, como en todo Estado de Derecho, se tienen que surtir primero unos procedimientos para que, al final, las instituciones correspondientes tomen la decisión administrativa de darle un reconocimiento a la zona, con las consecuencias jurídicas que ello tiene”.
Y sostuvo que a esa decisión no puede llegarse por “las vías de hecho, porque hay un camino constitucional y legal, y habrá voluntad de diálogo siempre que se obre dentro del marco jurídico”.
El jefe del Estado manifestó su confianza en que por medio de la Mesa Única se logren “importantes avances”, demasiado tiempo represados, para los campesinos colombianos.
Avance a la paz
La Mesa Única fue calificada por el jefe de Estado como un escenario de consolidación de las organizaciones sociales de Colombia.
En el encuentro el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que fungirá como coordinador de la Mesa, quien afirmó que se trata de un hecho histórico.
“Este hecho del día de hoy, de la presencia del presidente Santos para formalizar el decreto de constitución de la Mesa, aunque venimos trabajando desde hace un tiempo, es un hecho histórico para la concertación, la paz y la reconciliación en el país. Demostramos que en medio de la diferencia que hay entre los distintos sectores y el Gobierno se puede avanzar en la construcción de una política social, agropecuaria, de inclusión y de defensa de los Derechos Humanos y la paz”, aseguró.
A su turno, Andrés Gil, representante del movimiento social Marcha Patriótica, afirmó que como resultado del trabajo de los ministros del Interior y de Agricultura, este espacio de interlocución y concertación ha ganado la confianza necesaria para abordar y avanzar en el pliego de peticiones, el cual contempla temáticas como acceso a la tierra, proyectos productivos, derechos humanos, así como la implementación de acuerdos y la priorización de los proyectos para el desarrollo del sector agrícola.
Por su parte el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias, señaló que el “proceso de la Cumbre Agraria constituye la materialización de la unidad de distintos y múltiples sectores sociales, campesinos, populares y étnicos de Colombia para discutir con el Gobierno Nacional y proponer cambios estructurales frente a la territorialidad, los derechos políticos, económicos, sociales la situación minero-energética del país, la paz con justicia social, entre otros”.
Además de Marcha Patriótica y la ONIC están presente en la Mesa organizaciones como MIA (Mesa de Interlocución Agraria), Congreso de los Pueblos, Ascamcat (Asociación Campesina del Catatumbo), PCN (Proceso de Comunidades Negras), CIMA (Comité de Asociación del Macizo), Anzorc (Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina), ACA, Coordinador Nacional Agrario, Mesa de Unidad Agraria, Comosoc (Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia), Fensuagro (Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria) y algunas organizaciones sindicales, todos ellos representantes de campesinos, indígenas y comunidades afrocolombianas.
Consulta previa
El ministro Cristo confirmó que la próxima semana la Corte Constitucional expedirá el Auto que fija los criterios de interlocución entre el Gobierno nacional y las comunidades negras del país, acción que permitirá avanzar en la realización de consultas previas.
El jefe de la cartera política explicó que tras la suspensión por parte del Alto Tribunal de la Resolución 121 de 2012 y del decreto 2163 de 2012, que conformaba y reglamentaba la Comisión Consultiva de Alto nivel de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, esta Corte tiene en sus manos la expedición de Auto "en el cual le indica al Gobierno nacional cuáles deben ser los criterios e interlocutores del Estado en materia de consultas previas hacia el futuro.”
Además, añadió que en este momento no hay cómo consultar legalmente a las comunidades afro de Colombia.