Bogotá urge nuevo modelo institucional en la materia
La dispersión de esfuerzos debilita los resultados
Uno de los elementos comunes en las distintas encuestas sobre panorama electoral, social, económico e institucional en la capital del país es, sin duda, que la inseguridad es el problema que más aqueja y preocupa a los capitalinos. Dejando de lado el desgastado debate en torno de si hay un aumento real de la victimización o si, por el contrario, prima un fenómeno de percepción ciudadana que no tiene respaldo en las estadísticas, lo cierto es que la ciudad requiere un nuevo modelo desde lo público que garantice un mayor índice de tranquilidad de los habitantes.
En ese orden de ideas, varios candidatos a la Alcaldía han coincidido en la necesidad de que la política sectorial sea coordinada desde un solo ente que articule los esfuerzos interinstitucionales en la materia. Ello se concretaría a través de la creación de una Secretaría Distrital de Seguridad, tal y como existe en otras grandes urbes bajo la premisa de que la lucha contra los distintos factores delincuenciales y los elementos que atentan contra la convivencia y tranquilidad ciudadanas, obliga a aplicar un enfoque integral más allá de lo meramente policivo y represivo.
Tiende a pensarse, por ejemplo, que el problema de inseguridad se soluciona con la ampliación del pie de fuerza policial o incluso una mayor presencia de las Fuerzas Militares en las zonas más neurálgicas. Tampoco faltan los que consideran que lo que se requiere es una red más nutrida de cámaras de vigilancia pública y privada en todos los rincones de la capital. Para otros la solución recae principalmente en disminuir los tiempos de reacción policiales y militares ante la comisión de delitos. Por igual se cree que de nada sirve el mayor nivel de eficiencia de la Fuerza Pública si los operadores judiciales no actúan con igual celeridad y drasticidad, procesando a los criminales e imponiéndoles penas ejemplarizantes y disuasivas. Otros analistas sostienen que la clave para aumentar la seguridad no está en la eficacia represiva, sino en la prevención, y que para ello debe apuntarse a trabajar tempraneramente con las comunidades más vulnerables, aplicando políticas que vayan desde intervención a tiempo para evitar casos de violencia intrafamiliar, pasando por el ofrecimiento de oportunidades rentables de estudio y trabajo que eviten que las personas se desvíen a la vida criminal, y terminando en la generación de patrones socio-culturales que interioricen en la población los valores y hábitos de legalidad, solidaridad, respeto al prójimo, tolerancia y, sobre todo, solución pacífica de las diferencias…
Todas esas políticas ya existen en la ciudad, pero es claro que al no haber mayor articulación de sus ejecutorias, los esfuerzos se difuminan y los resultados no son los esperados. Es innegable, por ejemplo, el nivel de descoordinación entre entidades del orden nacional y distrital en muchos aspectos. Es allí, precisamente, en donde entraría el rol funcional de la proyectada Secretaría que, como es apenas obvio, estaría bajo el control directo del burgomaestre que, por mandato legal, es la primera autoridad de policía en la urbe. No se trata, en modo alguno, de desconocer las jerarquías y rangos de autonomía operacional de la Fuerza Pública, como tampoco el de los jueces y menos el de otras entidades del orden nacional o descentralizado. La idea es que la Secretaría no sólo haga una radiografía integral y amplia de las causas objetivas y subjetivas de la inseguridad en la ciudad y, sobre esa base, delinee una política de amplio espectro y transversal para neutralizarlas. Política que, a su vez, se estructuraría, en un mecanismo sistémico, las acciones y énfasis de todas las entidades cuya intervención se requiera, evitando así la dispersión de recursos humanos, técnicos y presupuestales, como también la duplicidad de funciones o los choques institucionales.
Es claro que armar todo este modelo no es fácil y que se requiere de ajustes normativos complejos. Sin embargo, luego de tantas décadas de esfuerzos valiosos pero desordenados, es hora de que la estrategia de seguridad en Bogotá entre en una nueva era, una en la que la integralidad y sistematización de acciones públicas y privadas sean los soportes funcionales. No hacerlo sería insistir en más de lo que hasta el momento, a la luz de las evidencias, no ha dado los resultados esperados.