“Si nosotrosqueremos garantizar la paz, debemos tener un mínimo de justicia”, sostuvo ayer la senadora antioqueña Sofía Gaviria, del Partido Liberal, en el foro Justicia para la Paz, organizado por la Universidad Libre dentro de la serie “Nuevas Propuestas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio”.

Gaviria le dijo a EL NUEVO SIGLO que “este es un foro que busca la justicia para garantizar la paz. Y creo que esa es una premisa que el Gobierno y la mesa en La Habana y todos los colombianos no podemos dejar atrás”.

El decano de Derecho de la Universidad Libre, Jesús Hernando Álvarez, recordó que “el Marco Jurídico para la Paz lo que trae es un panorama que debía ser desarrollado por medio de leyes para garantizar la justicia, la verdad, la reparación a las víctimas, la no repetición”.

Álvarez anotó que ese es un marco referente para una justicia transicional en que eventualmente algunos líderes de los grupos armados serían condenados, pero con penas alternativas.

Camilo Montoya, procurador ante el Tribunal Superior de Bogotá, sostuvo que para lograr una paz con justicia, “es un presupuesto tener clara la verdad”, porque “esa verdad será presupuesto de esa justicia”.

El analista político Juan Manuel López manifestó que “la contribución que hace este foro es que permite conocer la relación que hay entre justicia y paz, cosa que para nosotros es muy importante”.

Para López, no puede haber paz sin justicia y no puede haber felicidad sin paz: “La columna vertebral de cualquier relación humana es la justicia para que haya la paz”.

Jenny Quirós, magistrada suplente de la  Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, sostuvo que “una de las cosas que está en el corazón de los costarricenses es que para lograr justicia y paz tiene que haber una correcta distribución de la riqueza. Ahí está la génesis de los conflictos armados”.

Quiróz manifestó que, por ejemplo, la universalización de la educación es un elemento que no debe estar solo en el texto de la Constitución, “sino que se tiene que hacer realmente”. Y señaló que “todo lo que tiene que ver con acceso a los derechos antes de que surja la violencia es importante para que no exista tierra fértil para la violencia que termina e odios y después en masacres”.

Daniel Refecas, juez general de la Argentina, manifestó que una vez instaurada una democracia plena para todos llega un momento en el que se dan las condiciones materiales, culturales y políticas para llevar adelante lo que se puede denominar el justo castigo a responsables de crimines de lesa humanidad o crímenes de genocidio.

Debate con congresistas sobre política antidroga

El ministro de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes, instalará hoy el segundo foro del Diálogo Nacional sobre el Futuro de la Política de Drogas en Colombia. En esta oportunidad serán los parlamentarios colombianos quienes hagan parte del diálogo sobre nuevos enfoques para enfrentar este flagelo.

El evento iniciará a las 7 de la mañana en el Salón Guadalupe del Hotel de La Ópera y contará también con la participación del ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, y la de directora de la Fundación Ideas para la Paz, María Victoria Llorente.

La discusión girará en torno a las experiencias internacionales sobre nuevos enfoques de la política de drogas, el debate mundial sobre la misma y los nuevos enfoques para la regulación de la marihuana, diálogo que será encabezado por Beau Kilmer, investigador principal y codirector del Centro de Investigación de Política de Drogas, de Rand Corporation.

El Diálogo Nacional sobre el Futuro de la Política de Drogas en Colombia es una iniciativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación Ideas para la Paz, realizada con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, y la organización Congreso Visible.

Este proyecto busca crear espacios de diálogo con la ciudadanía sobre las problemáticas que aquejan al país como resultado del mercado de las drogas ilícitas y las posibles alternativas de política para enfrentarlas.

El diálogo inició el pasado 22 de agosto con el primer foro ¿Qué opinan los ciudadanos sobre la política de drogas?, y se extenderá durante los próximos meses con otros encuentros regionales en los que participarán estudiantes, periodistas y gremios, entre otros grupos de interés, con el fin de fomentar una discusión que permita abordar el pasado, presente y futuro de la política de drogas en Colombia.

Justicia llega a Puerto Lleras

La Unidad Móvil de Atención y Reparación a Víctimas llegó al municipio de Puerto Lleras (Meta), para que centenares de personas que sufrieron las consecuencias de la violencia paramilitar y guerrillera tuvieran acceso a la justicia y pudieran conocer los mecanismos que el Gobierno nacional tiene disponibles para su reparación.

Los casos registrados se refieren a hechos ocurridos desde 1997, y tienen relación en su mayoría con desplazamientos forzados, homicidios, desapariciones forzadas, amenazas, entre otras. Durante la jornada, los funcionarios dela Unidad, estrategia liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, brindaron orientación a las víctimas y atención sicosocial.

Con apoyo de la Personería, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría se adelantaron las diferentes estrategias en materia de atención. También se tuvo acompañamiento y apoyo de las autoridades locales. La población también tuvo acceso a orientaciones sobre mecanismos de justicia transicional, rutas de atención, medidas de reparación y charlas informativas sobre Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

La Unidad de Atención a Víctimas prendió motores el 17 de agosto de 2012 y ya ha recorrido 31.631 kilómetros. A la fecha ha atendido más de  28.000 víctimas del conflicto. Su ruta continua en septiembre por el departamento de Casanare donde ya visitó el municipio de Recetor atendiendo 228 víctimas y continuará en los próximos días en las poblaciones de Pore, Paz de Ariporo y Hato Corozal.

La Unidad Móvil de Atención y Orientación a Víctimas del Conflicto Armado es un proyecto del Ministerio de Justicia en alianza con la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Víctimas y con el apoyo de la cooperación internacional. Esta iniciativa busca garantizar el acceso de las víctimas del conflicto armado a sus derechos y a las medidas de reparación integral.