"Sí a pena de muerte, pero no es la solución" | El Nuevo Siglo
Viernes, 20 de Febrero de 2015

En diálogo con los medios de comunicación el día de hoy en Ibagué (Tolima), el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, habló de varios temas actuales y de relevancia nacional por los que le consultaron, entre otros, sobre la propuesta que surgió recientemente de implementar en Colombia la pena de muerte para los responsables de violaciones sexuales y asesinatos a menores de edad.

Al respecto, el jefe del Ministerio Público afirmó que “hay dos aspectos, dos niveles, uno que es el punitivo, que no solucionaría, como se pretende, todos los males sociales que estamos sufriendo, dentro de los que se destaca la crueldad contra los niños, pero el otro nivel, que parece que no se quiere reconocer, se refiere a la disolución de la familia”, agregando el doctor Ordóñez Maldonado que “el reclutamiento de niños, asesinato de niños, abuso sexual de niños, desplazamiento, drogadicción de niños y el embarazo de adolescentes es consecuencia de tal disolución familiar”.

“En el primer nivel se deben fortalecer las penas, ser eficaces y eficientes, los violadores y asesinos deben tener temor para cometer esos delitos, estoy de acuerdo con ello, pero con eso no se soluciona nada, se solucionaría tan sólo el aspecto menos dramático”.

El jefe del Ministerio Público no dudó en indicar que “los esfuerzos que debemos hacer son a fortalecer la familia para combatir las verdaderas causas de esa problemática; las políticas públicas se deberían construir en perspectiva a la familia, eso sería parte del inicio de la solución”, señaló.

Sobre los desaparecidos por el grupo guerrillero FARC, el procurador aseveró que “hay un aspecto que es muy dramático y al que se le ha dado poca importancia, el Estado colombiano tiene una entidad encargada de llevar el registro de desaparecidos, Medicina Legal, quien le ha certificado a la Procuraduría que hay 2.760 desaparecidos por las FARC y entre ellos seguramente hay muchos niños en las filas del grupo insurgente, por los cuales esa guerrilla debe responder y el Estado investigar”.

“No se compadece con los derechos de las víctimas que de esos 2.760 desaparecidos no haya la primera decisión, la solución no es simplemente ofrecer impunidades porque se estarían sacrificando los derechos de todas víctimas del conflicto”.

Finalmente, el procurador general de la Nación, sobre este flagelo que azota el país, enfatizó que “no puede haber credibilidad en las FARC si insisten en no reconocerse como victimarios”.