Si la exfiscal venezolana Luisa Ortega pide asilo en Colombia le será otorgado, aseguró el presidente Juan Manuel Santos al anunciar que está "bajo protección" de su gobierno.

Santos, quien días atrás no descartó romper vínculos con el presidente Nicolás Maduro, pareció tensar aún más la frágil relación con el gobierno de Venezuela, acorralado por la severa crisis interna y críticas internacionales.

"La fiscal Luisa Ortega se encuentra bajo protección de gobierno colombiano. Si pide asilo se lo otorgaremos", trinó Santos.

Destituida el 5 de agosto por la Constituyente que defiende Maduro contra viento y marea, Ortega y su esposo, el diputado Germán Ferrer, del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), llegaron el viernes a Bogotá en un vuelo privado desde Aruba.

Ortega, una chavista de 59 años que rompió con el gobierno de Maduro, burló la prohibición de salir de Venezuela que le impuso el máximo tribunal dentro de una investigación que le sigue por supuestamente mentir en el ejercicio de sus funciones.

La exfiscal asegura ser víctima de una "persecución política".

La exfuncionaria y su pareja -a quien la Constituyente le retiró la inmunidad tras ser acusado por la justicia de supuesta corrupción- huyeron en lancha hasta Aruba y de allí viajaron a la capital colombiana, según la cadena estadounidense Univisión.

Hasta el momento las autoridades no han especificado el estatus migratorio de Ortega, quien tampoco se ha pronunciado sobre su situación desde su arribo a Colombia.

Santos no precisó los beneficios con los que cuenta la exfiscal ahora que es protegida del gobierno y se limitó a anunciar su disposición a otorgarle asilo.

Cruce de denuncias

Ortega se rebeló contra el gobierno de Maduro a finales de marzo, cuando denunció una "ruptura constitucional" en Venezuela a raíz de decisiones judiciales contra la Asamblea Nacional de mayoría opositora.

El divorcio definitivo vino con el anuncio e instalación de la Constituyente, que sacó adelante Maduro para cambiar la Constitución en el marco de protestas opositoras que dejan 125 muertos en los últimos cuatro meses.

El organismo, que goza de pleno poderes y fue elegido sin la participación de las fuerzas opositoras que alegaron fraude durante el proceso, tomó revancha y destituyó a Ortega.

Además, las autoridades congelaron sus bienes y le prohibieron la salida de Venezuela.

El jueves la Constituyente también retiró la inmunidad a su esposo, sobre quien pesa una orden de captura por presuntos delitos de corrupción.

Antes de que aterrizara en Bogotá, Ortega participó por videoconferencia en un encuentro de fiscales que se llevó a cabo el viernes en Puebla, México.

Devenida férrea opositora al gobierno venezolano, Ortega acusó al mandatario de estar involucrado en el escándalo de corrupción global de la firma brasileña Odebrecht.

"Tenemos el detalle de toda la cooperación, montos y personajes que se enriquecieron y esa investigación involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno", dijo la exfuncionaria.

El domingo Maduro contraatacó. En una entrevista en la televisión venezolana, afirmó que la exfiscal bloqueó investigaciones que él ordenó sobre casos de corrupción.

Según el gobernante, Ortega alertó a empresas vinculadas con el sector petrolero que estaban bajo sospecha, a cambio de "millones de dólares".

"La Fiscalía era la que extorsionaba y protegía a estos sectores", dijo Maduro.

También acusó al esposo de la exfuncionaria de manejar una "red de extorsión"  en el Ministerio Público.

Además de la exfiscal y su esposo, están en Colombia cinco magistrados venezolanos designados por el Parlamento de mayoría opositora, que denunció la toma de sus funciones por la Asamblea Constituyente el pasado viernes.

Los jueces huyeron ante el "asedio" del gobierno de Maduro, que desconoció la elección de la corte suprema por la mayoría opositora y ordenó el arresto de los 33 magistrados nombrados el 21 de julio, según Pedro José Troconis, uno de ellos.

Ante las decisiones tomadas por Maduro, Santos lo acusó de llevar a Venezuela hacia una dictadura y apoyó las sanciones económicas de Estados Unidos contra el presidente y otros dirigentes chavistas.

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