El Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina decretó las medidas cautelares solicitadas por la Procuraduría General de la Nación, y ordenó el cierre temporal de Johnny Cay mientras la Corporación Coralina adelanta actividades de mantenimiento y los comerciantes llevan a cabo jornadas de limpieza de residuos sólidos.

A través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, el órgano de control pidió el pasado mes de abril la adopción de medidas para garantizar la seguridad, salubridad, medio ambiente sano y la reevaluación del régimen de turistas y de las actividades comerciales realizadas dentro de esta área protegida.

A propósito de los requerimientos, el Tribunal dispuso para la Secretaría de Salud de San Andrés: “(...) llevar a cabo jornadas de visita de inspección, capacitación y control sanitario con enfoque de riesgo a los establecimientos de alimentos y bebidas; además de verificar el cumplimiento de todos los requisitos sanitarios de los establecimientos para su debido funcionamiento”.

A Coralina le ordenó realizar capacitaciones sobre el cuidado de los baños y de las trampas de grasa que se encuentran actualmente instalados en el cayo y tomar las medidas necesarias para la conservación de las especies y del medio ambiente. 

De igual manera, y en coordinación con la capitanía del puerto, esta corporación pidió crear una estrategia para restringir el ingreso de turistas con el fin de que no desborde el límite de la capacidad de carga del parque.

Dispuso que “(…) el cierre del parque se llevará a cabo diez (10) días hábiles después de notificada esta providencia para que las autoridades administrativas concernidas tengan la oportunidad de llevar a cabo todas las diligencias administrativas que correspondan para el debido cumplimiento de estas órdenes”.

El Procurador Delegado, Gilberto Blanco Zúñiga, resaltó el fallo e hizo un llamado al trabajo articulado de las entidades destinatarias de las órdenes para garantizar la seguridad de los turistas y la protección del derecho constitucional a un ambiente sano. Manifestó que desde el Ministerio Público se hará estricto seguimiento para que se acate lo decidido por el Tribunal de San Andrés.

Finalmente, destacó la Procuraduría que de las cuatro intervenciones judiciales realizadas en la isla, en tres de ellas se han proferido decisiones acogiendo las preocupaciones y pretensiones del Ministerio Público.