La Corte Constitucional avaló el decreto 895 de 2017 a través del cual se creó el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política. “Tiene por objeto contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución”, dice uno de los apartes del decreto.

Para ello, se establece realizar un diseño de medidas de prevención para quienes sean elegidos popularmente, quienes se declaren en oposición, líderes comunitarios, movimientos sociales, comunidades rurales, organizaciones sociales, integrantes de la Farc en el proceso de reincorporación a la vida civil, entre otros. “El Sistema busca cumplir con un marco de garantías de los derechos y libertades, fomentar la convivencia y la tolerancia, el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y opinión”, menciona otro aparte del decreto.

Esa norma, que para el alto tribunal se ajusta a la Constitución, tendrá un condicionamiento en la creación de la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (artículo 6). Según la Corte Constitucional, en esa instancia de Alto Nivel pueden pertenecer miembros de las Farc, pero eso no les da la calidad de “integrantes”, como estaba establecido en el decreto.

Entre los programas y sistemas que contiene la resolución también se encuentran el Sistema de Alertas Tempranas, que tiene el propósito de reaccionar rápidamente ante la presencia de hechos y conductas criminales que pongan en riesgo la implementación de los Acuerdos de la Paz; el Comité de impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política; y la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección, que tiene el objetivo de hacer seguimiento a los avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales y de las que amenacen el ejercicio de la política.

Con este nuevo decreto, el Gobierno supera otra de sus pruebas en el alto tribunal, en donde se están revisando todos los decretos, leyes y actos legislativos relacionados con la paz. La Corte, por ahora, dejó para el próximo miércoles la decisión frente a uno de los temas más importantes: establecer si el blindaje jurídico del Acuerdo de Paz es constitucional o no.