Que la Corte Penal Internacional entre a investigar formalmente los ‘falsos positivos’ dependerá de que Colombia juzgue o no esos crímenes. Así lo advirtió la fiscal general de este organismo, Fatou Bensouda, quien resaltó que el país se ha mostrado colaborador hasta el momento con la información que han requerido en el marco de las investigaciones preliminares que se han adelantado.

“Colombia ha colaborado mucho durante el examen preliminar respecto a la información que necesitamos”, dijo Bensouda, quien resaltó que la CPI sigue con interés el desarrollo de las investigaciones que adelanta la justicia colombiana por los ‘falsos positivos’. Anotó que por el lado de la CPI las pesquisas “aún no han terminado”.

La funcionaria previno que de Colombia depende que la CPI no entre a investigar directamente “asesinatos y desapariciones forzosas supuestamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas colombianas”, las agresiones sexuales y otros delitos que se dieron en el marco del conflicto armado.

La Fiscal de la CPI explicó que el organismo por el momento adelanta una indagación preliminar con recopilación de pruebas sobre los ‘falsos positivos’ y otros delitos producidos en el conflicto armado. Ya abrir una investigación formal dependerá de si se cumple o no el principio de “complementariedad, es decir, si Colombia está haciendo algo para juzgar esos crímenes o no”, dijo.

Bensouda también se refirió a los acuerdos sobre justicia transicional a los que llegaron el Gobierno y las Farc en La Habana con el propósito de firmar la paz tras 52 años de conflicto.

“Ellos han dicho que por supuesto son conversaciones de paz, pero que también van a maximizar la justicia. Tenemos que observar cómo sigue el proceso”, dijo.

En el argot de la Fuerza Pública se conoce como positivo un buen resultado en un operativo, que puede abarcar desde un decomiso hasta dar de baja a un delincuente en un enfrentamiento.

Sin embargo, este término lo acuñó la prensa para denominar la práctica en que incurrieron un número importante de integrantes de las Fuerzas Militares entre los años 2002 y 2008, que consistía en ejecutar a civiles para hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combates.

Estos ‘positivos’ servían a los uniformados involucrados en esos hechos para obtener buenas calificaciones en sus hojas de vida, permisos, e incluso se conoció que algunos se aliaron con civiles para por medio de personas interpuestas reclamar las recompensas que estableció el Gobierno de la época por las bajas de jefes guerrilleros.