Así lo precisó la Sala Penal en la carta que le envió al fiscal Luis Eduardo Montealegre para que de manera inmediata le traslade el proceso que se le sigue a Serpa por su presunta participación en el magnicidio del director emérito de este Diario, Álvaro Gómez Hurtado.

La Corte se basó en la sentencia C-222 emitida por la Corte Constitucional en 1996, según la cual “mientras una persona sea congresista, será investigada por la Corte Suprema de Justicia, por cualquier delito; sin embargo, si la persona ha cesado en su cargo, entonces sólo será juzgada por esa alta corporación si se trata de delitos relacionados con el cargo”.

Esta decisión de la Corte prima sobre la directiva del fiscal Montealegre que señalaba que él tenía la competencia para seguir investigando a Serpa: “Si la persona en el momento de posesionarse como parlamentario tenía en curso alguna otra investigación, el conocimiento de la misma sigue siendo competencia de la Fiscalía”.

La carta enviada a Montealegre señala que “han pasado ya 19 años de impunidad en los cuales muchos de los autores materiales y, lo que es peor, intelectuales, han tenido plena libertad para continuar actuando dentro de la sociedad colombiana en contra del Estado Social de Derecho”.

Algunos observadores no descartan que la Corte, tras asumir el caso, declare delito de lesa humanidad el crimen y evite así su prescripción, como los familiares de Gómez lo han solicitado varias veces a la Fiscalía. La solicitud fue apoyada en su momento por los expresidentes Belisario Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, quienes a finales de octubre le enviaron a Montealegre una carta en ese sentido.