Por vicealmirante (RA) Jaime Jaramillo Gómez *

Especial para EL NUEVO SIGLO

Al parecer estamos condenados a repetir la historia de lo que aconteció con Nicaragua y el despojo de setenta y cinco mil (75.000) kilómetros cuadrados de mar territorial, equivalente al tamaño de varios países de Europa,  por la torpeza de haber aceptado la competencia de la Corte Internacional de Justicia para dirimir algo que Colombia no tenía por qué arriesgar.

Ahora, algunos pocos que nos sentimos aún muy apesadumbrados por lo que nos quitaron, vemos con preocupación el derrotero que toman los acontecimientos referentes a nuestros líos fronterizos sin resolver. Nos encontramos perplejos ante las pretensiones -desconocidas por la gran mayoría del pueblo-, de nuestro vecino el Estado panameño que viene ambientando la tesis a través de varias entidades y ONG, de poder reclamar soberanía sobre Malpelo, nuestra isla mayor en el Pacífico, que nos genera no solo mar territorial, zona adyacente, zona económica exclusiva, sino divisas por la radioayuda allí existente que presta servicios a Colombia y a Panamá para los vuelos de aproximación a ambas naciones.

Y qué decir de la riqueza pesquera del atún de aleta amarilla, de las reservas gasíferas y petrolíferas y de los yacimientos no convencionales como los nitratos, catratos, shale gas y nódulos polimetálicos, las algas marinas de color café,  entre otros, sumándose a lo anterior la no despreciable proyección sobre la órbita geoestacionaria.

Miopía frente a la Antártida

De otra parte, es pertinente incluir en este artículo algo referente a nuestra miopía frente a la Antártida y que tiene que ver con Malpelo, puesto que en el momento en que se convocó al concierto de las naciones para crear y firmar el Tratado Antártico, Colombia desestimó la importancia de su participación.

¿Qué razones tuvo entonces el gobierno de turno, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y la Cancillería? Eso es desconocido por el pueblo colombiano y solo años después el país entró a participar de dicho Tratado como nación adherente.

Nuestros gobiernos se han distinguido por su torpeza en materia de Relaciones Exteriores y de defensa de sus derechos marítimos por ser un país dirigido desde los Andes a más de mil kilómetros de sus costas, pese a ser bañado por dos océanos y poseer el 5,3% de la Gran Amazonia y/o Iliana Amazónica, el Chocó biogeográfico y la riqueza de los quince mil cuatrocientos cuatro (15.404)  kilómetros lineales de ríos que Dios y la naturaleza nos han dado.

Ejemplos de visión estratégica nos han dado Venezuela y Ecuador. Este último hace cruceros anuales de investigación científica a esa rica región denominada “La última Frontera por Descubrir”.

No puedo dejar de justificar y explicar el por qué, puesto que nos demuestra la importancia e influencia que en el país vecino tiene frente a su gobierno la Armada ecuatoriana.

Para ello me permito citar un aparte del texto de presentación del libro titulado “El Ecuador en la Antártida” , presentación a cargo del vicealmirante Miguel Saona Roca como Comandante de Operaciones Navales en su momento y que dice:

“La presencia del Ecuador en el Continente Helado, a través de las acciones llevadas a cabo por la Armada, tiene una gran trascendencia, pues constituye una demostración real de la proyección geopolítica de nuestra Patria, es una muestra tangible de ese esfuerzo investigativo desarrollado con fines universales y altruistas, representa la materialización de uno de los objetivos importantes de la política externa nacional”.

Aquí en Colombia, nuestros gobernantes carecen de esa visión y por ello esperamos hasta el último momento y cuando ya es demasiado tarde para atender las amenazas que se ciernen sobre nuestras fronteras y es así como hemos perdido en menos de ciento cincuenta años, más kilómetros cuadrados de territorio y mar que cualquiera otra nación del continente.

La maniobra

La Asociación Verde de Panamá (Asvepa) y su presidente el ecologista Gabriel Depaigne Falconetthan venido vendiendo la idea tanto al gobierno de Panamá y a los medios de comunicación, como a los gobiernos de la región desde el 2009, que San Andrés, Providencia y Santa Catalina deben ser de Nicaragua, que las Malvinas deben ser de la Argentina y que Malpelo debe ser de Panamá. Y Depaigne  da las explicaciones de su descabellada tesis, no obstante, el fallo reciente de la CIJ sobre el conflicto entre Nicaragua y Colombia le ha permitido afianzar su intención basado en ese nuevo orden jurídico que transforma por completo el derecho de las naciones sobre sus territorios insulares.

Ahora bien, surgen muchos interrogantes sobre lo que ha hecho Colombia ante tal pretensión: ¿Colombia a través del gobierno central y específicamente de la Cancillería ha tomado cartas en el asunto? ¿Ha considerado en serio dicha pretensión? ¿Quién o quiénes están al frente de atender este nuevo problema? ¿Considera que es algo sin importancia y que Panamá no tendrá éxito en su posible reclamación?, ¿Sabe la Cancillería colombiana hasta dónde han avanzado los panameños en este tema? ¿Desconoce por completo acerca de este tan delicado asunto que hoy por hoy cobra vigencia y tiene para Panamá bases sólidas para presentar ante los organismos internacionales que considere pertinentes su reclamación?...

Si los gobiernos (éste y los sucesivos) no actúan y cambian de posición ante las amenazas de nuestros vecinos, seguiremos llorando por generaciones lo que no supimos defender como gobernantes. No hay derecho a que aún no se haya modificado la Comisión Colombiana del Océano y siga siendo presidida por el Vicepresidente de la República, quien es un buen hombre, pero no está en condiciones de aportar al tema de los océanos nada y que a estas alturas siga siendo un ente más de carácter político, que de orden científico y técnico, presidido por un Almirante experto en Oceanografía y Oceanopolítica y que quienes le acompañen sean expertos en estos temas, en el Derecho del Mar y desde luego en Derecho Internacional de Fronteras.

Con seguridad que ni esta Comisión del Océano, ni la de Relaciones Exteriores, ni la Armada Nacional, ni la Sociedad Geográfica de Colombia, ni la Fundación Malpelo, han sido notificadas por la Cancillería y mucho menos consultadas sobre este tan lamentable suceso que se viene gestando en el vecino país.

* Comandante Fuerza Naval del Pacífico en 1999