La polémica licitación de compra o alquiler de carros para los senadores que costaría más de 70 mil millones de pesos, no la realizará el Senado. Así lo aseguró ayer el presidente de esa corporación legislativa, Juan Manuel Corzo, quien manifestó que es el Gobierno el que debe asumir dicha contratación.

Según el senador, por medio de un Conpes, el Gobierno Nacional es el que debe destinar el dinero y manejar todo el proceso para la compra o el alquiler de los carros y así garantizar la seguridad de los congresistas.
"No sería el Congreso quien maneje la plata, sino sería el Gobierno Nacional con la entidad que determine. El modo o la clase de contrato sea compra, sea fiducia o sea renting, la determinaría también el Gobierno de acuerdo a los beneficios económicos para el Estado”, afirmó el presidente del Senado.
Corzo Román señaló que ésta propuesta también debería aplicarse en la Cámara de Representantes.
De otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, le pidió a la Procuraduría General que utilice el poder preventivo y detenga dos licitaciones que por 600 millones de pesos va a adjudicar el destituido director administrativo de la entidad, Jaime Jaramillo, quien ha impedido la notificación de su sanción definitiva.
El representante a la Cámara liberal considera que es totalmente inoportuno e inconveniente que el destituido funcionario sea quien adjudique los dos procesos sin conocer la legalidad de los mismos. Precisamente uno de las licitaciones, es para el mantenimiento de los carros de la Cámara, mientras que el otro es para la producción de un programa de televisión.
La Procuraduría no ha podido notificar personalmente de la sanción al director administrativo de la Cámara, ni a su abogado. Sin embargo, la ley establece que se declare como pública la sanción disciplinaria mediante edicto, en términos que vencen en la tarde de hoy, caso en el cual la notificación se entregará al presidente de la Cámara para que proceda.
"Lo absurdo es que Jaramillo adjudique el contrato de televisión horas antes de vencer el plazo para la notificación. Desconocemos su transparencia. Y que luego adjudique el otro proceso, es decir, que sea la Cámara la que pague las consecuencias de unos contratos firmados por un funcionario del que todo el país sabe que está destituido", dijo el representante Gaviria en Caracol Radio.
Jaime Jaramillo Matiz fue el primer director administrativo de la Cámara de Representantes elegido directamente por la plenaria de la Cámara de Representantes, en agosto del año pasado. Por los acuerdos políticos suscritos, el cargo le correspondió al Partido de La U, que exigió como candidato al ahora destituido funcionario.