La posibilidad de que las altas Cortes retornen a la discusión de la reforma a la justicia está latente, por lo menos desde el entendido que la Comisión Primera de Senado ha adelantado contactos con los magistrados después del 16 de diciembre pasado, cuando el Legislativo entró en receso.

Mientras tanto el Gobierno, por lo menos lo que se conoce públicamente, no ha pasado de las reiteraciones

en su invitación a la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado para que retornen a la discusión, de la que se apartaron a finales del año pasado por considerar que lo aprobado de este proyecto no da respuesta efectiva a los problemas y necesidades de la justicia.

El senador Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador) le dijo a EL NUEVO SIGLO que “esta semana (pasada) estuvimos trabajando con el doctor Jesús Ignacio García (Partido Liberal), que es otro coordinador ponente, y acercándonos, como es nuestro deber, a los señores presidentes de las altas Cortes, y lo propio el Gobierno, porque el Congreso de la República tiene abiertas sus puertas para impulsar la reforma constitucional de la administración de justicia, y lograr el consenso para que a través de ese consenso, haya seguridad, entendimiento y se pueda enviar un mensaje a la sociedad que espera con mucha urgencia una reforma a la administración de justicia”.

Sobre las posibilidades de éxito de esos puentes que están tendiendo algunos de los parlamentarios de la Comisión Primera de Senado para que las Cortes vuelvan al debate, el Senador conservador dijo que “se está generando ese clima y encontramos mucha receptividad en los señores presidentes de las altas Cortes. Le corresponde ahora al Gobierno y al Congreso hacer unas invitaciones con la finalidad de que los señores presidentes de las altas Cortes nos apoyen con sus conocimientos, con sus luces, porque buscamos un sistema de administración de justicia coherente, serio, eficaz”.

Enríquez Maya remarcó que “estamos en ese trabajo y nosotros no vamos a dar el brazo a torcer para que nuevamente las tres ramas del poder público se sienten en la misma mesa y nos pongamos de acuerdo, repito, para tener una reforma constitucional en cuanto a la reforma de justicia se refiere”. 

El viernes pasado el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, invitó nuevamente a las Cortes para que retornen a la  discusión del proyecto de reforma judicial. “El Gobierno nacional ha señalado una y otra vez que lo deseable en relación con este proyecto es buscar la concertación. Yo quiero insistir en algo que he venido señalando, las Cortes no deben ni pueden renunciar a un derecho constitucional que les asiste para participar en la discusión y el trámite de la reforma. Y qué bueno sería que aprovechemos estas semanas antes de que se reanude el Congreso el 15 de marzo para regresar a tratar los temas que ya hacen parte de la reforma aprobada en primera vuelta”.

Había consenso

El 23 de noviembre pasado el Consejo de Estado se retiró de la discusión de la reforma a la justicia argumentando que “el texto hasta ahora aprobado no da respuesta efectiva a los problemas y necesidades de la justicia, así como la descongestión de los despachos judiciales, la garantías del derechos constitucional de acceso a la administración de justicia y la concreción del derecho de toda persona a la convivencia pacífica y un orden justo”, explicó en ese momento el magistrado Mauricio Fajardo, presidente del Consejo de Estado.

Posteriormente, el 6 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia siguió igual camino al considerar que los cambios en el proyecto en sus tres primeros debates, frente a lo concertado con las Cortes, afectan el equilibrio de la rama y no solucionan la congestión judicial.

Cuatro días antes la Comisión Primera de Cámara había aprobado una modificación al articulado con referencia a lo aprobado en segundo debate, sobre la doble instancia en el juzgamiento de congresistas, al establecer que la primera instancia estaría a cargo del Tribunal Superior de Bogotá y no de la Corte Suprema de Justicia.

La intención inicial del Gobierno era presentar este proyecto al Congreso en septiembre de 2010, pero luego decidió que fuera en marzo último, situación que tampoco se dio a la espera de discutirlo a fondo con las Cortes.

Finalmente el 31 de agosto pasado el Gobierno radicó en Senado un proyecto de reforma a la justicia concertado con las altas Cortes.