Tal vez pasarán muchos años para que se vuelva a  repetir lo que ocurrirá esta semana, cuando el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia deban tomar decisiones de las cuales está a la espera el país entero, como son, respectivamente, el fallo sobre la demanda de nulidad de la elección del procurador Alejandro Ordóñez, la demanda de inconstitucionalidad de los artículos del bloque judicial de la Reforma de Equilibrio de Poderes así como el estudio de exequibilidad del plebiscito para la paz y la elección del Fiscal General. EL NUEVO SIGLO explica en detalle cada uno de estos hechos.

Procurador en la cornisa 

El procurador Alejandro Ordóñez ha sido una de las voces más influyentes en el país en los últimos 7 años, pero también de las más polémicas por las decisiones que ha tomado en materia disciplinaria en casos como la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, el escándalo de la yidispolítica, la destitución de congresistas así como la postura crítica frente al proceso de paz que adelanta el gobierno Santos.

Sin embargo, todo indica que mañana el Consejo de Estado en Sala Plena decidirá la permanencia o no de este servidor público en el cargo a seis meses de que finalice su periodo de cuatro años, pues tiene en el orden del día la demanda de nulidad de su reelección.

Este fallo en el Consejo de Estado no aguanta más espera pues la demanda de su elección fue impetrada hace más de tres años, pero su resolución se ha dilatado porque, en primer lugar, magistrados amigos de Ordóñez lograron que el caso pasara a la Sala Plena para ser decidido, cuando la Sección Quinta tenía listo un fallo que lo dejaba fuera del cargo.

En segundo lugar desde la misma Procuraduría y amigos de Ordóñez han presentado una serie de recursos y recusaciones que han frenado el proceso en el Consejo de Estado. Sin embargo esto parece haber llegado a su fin porque el pasado 1° de julio el alto Tribunal negó la recusación que presentó Ordóñez contra los magistrados Alberto Yepes y Stella Conto, argumentando que estaban impedidos para participar en su caso, pues supuestamente habría filtrado una ponencia.

No obstante, el Consejo de Estado negó estas recusaciones y de contera ordenó una investigación disciplinaria al Procurador por considerar dicho recurso como "una conducta desleal y dilatoria".

La ponencia de la magistrada Rocío Araújo que debatirá mañana el Consejo de Estado pide la nulidad de la elección de Ordóñez. De esta forma da la razón al principal argumento de los demandantes, en el sentido que la reelección del Procurador no se podía dar porque esta figura no está prevista en la Constitución.

Plebiscito quedaría vivo

La primera de las dos grandes decisiones que debe adoptar la Corte Constitucional esta semana será este miércoles, y tiene que ver con el fallo producto del estudio que ha adelantado al proyecto de ley estatutaria que aprobó el Congreso de la República el año pasado, habilitando el  plebiscito como mecanismo de consulta a los ciudadanos sobre acuerdos de paz, en este caso con las Farc.

El alto Tribunal tiene plazo hasta septiembre de este año para tomar una decisión sobre el particular, no obstante le dio un trámite exprés a este proceso atendiendo el llamado del Gobierno nacional, que está urgido de realizarlo, pues un triunfo del Sí lo habilitaría para activar los acuerdos de paz con las Farc.

La ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas que será debatida por la Sala Plena de la Corte considera que los ajustes que hace este proyecto de ley con el fin de habilitar uno de los mecanismos de participación ciudadana, como es el plebiscito, para consultar a los ciudadanos sobre acuerdos de paz, no va en contravía de la Carta Política 
No obstante, la ponencia establece algunos condicionamientos para la realización de este plebiscito, como es la prohibición de utilizar recursos públicos en las campañas en favor del Sí o el No al acuerdo final que se suscriba con esta guerrilla.

La ponencia le da su aval a uno de los aspectos más polémicos de este proyecto para los críticos de estas negociaciones de paz, como es que cambia el umbral de participación por un umbral de votación que será necesario para que gane la opción del Sí.

“Se entenderá que la ciudadanía aprueba el plebiscito por la paz en caso de que la votación por el Sí obtenga una cantidad de votos mayor al 13% del censo electoral vigente (4 millones 396 mil 625 votos) y supere los votos depositados por el No”, indica el proyecto. 

El magistrado Vargas pidió una investigación porque desde hace varios días su ponencia fue filtrada desde la Corte a medios de comunicación, incluso fueron tomadas fotografías de la parte resolutiva. 

¿Otro golpe a Equilibrio de Poderes?

También el miércoles, la Corte Constitucional tomará la otra gran decisión esta semana, pues emitirá sentencia sobre la demanda que presentó el año anterior el entonces fiscal General, Eduardo Montealegre, contra el componente judicial de la Reforma de Equilibrio de Poderes.

Se ha conocido que la ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo que será debatida y votada por la Sala Plena del alto Tribunal, le da la razón al demandante en varias de sus consideraciones, como es que pide declarar inexequible la creación de la Comisión de Aforados, lo que dejaría viva la criticada Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

De esta forma, la ponencia estaría asestándole un segundo golpe en menos de un mes a la Reforma de Equilibrio de Poderes que impulsó el Gobierno en el Congreso de la República, pues ya la Corte dejó sin efecto la disposición que  creaba la Comisión de Gobierno Judicial, suprimiendo la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al determinar en este caso que el Parlamento fue más allá de sus competencias al reformar un principio básico de la Carta Política tal cual es la autonomía de la Rama Judicial.

La ponencia del magistrado Linares concluye que existe un vicio de forma en el trámite legislativo que permitió crear en la Reforma de Equilibrio de Poderes la Comisión de Aforados, que desde el punto de vista político de un ente como es el Congreso, le correspondería investigar en lo disciplinario y en lo penal a los magistrados de las altas Cortes y al Fiscal General de la Nación.

El magistrado Linares indica en su ponencia que la creación de la Comisión de Aforados fue introducida en la segunda vuelta del trámite de esta reforma constitucional, por lo tanto le habrían faltado los cuatro primeros debates en las comisiones primeras y las respectivas plenarias de Senado y Cámara.

No obstante, el principal argumento de la demanda de Eduardo Montealegre contra 13 artículos de Equilibrio de Poderes es que el Congreso desbordó sus competencias constitucionales porque con la aprobación de esta Reforma sustituyó los pilares de la Carta Política de 1991, pues según su apreciación afectó la independencia de la Rama Judicial.

Elección Fiscal

Un tercer intento hará hoy la Corte Suprema de Justicia para elegir Fiscal General de la Nación, pues en las dos salas plenas anteriores, el 9 y el 23 de junio pasados, ninguno de los integrantes de la terna que hizo llegar el Presidente de la República: Mónica Cifuentes, Néstor Humberto Martínez y Yesid Reyes alcanzó los 16 votos necesarios por mayoría calificada.

El exministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez, es quien ha estado más cerca de obtener la cifra ‘mágica’ de 16 votos, pues el día 9 de junio alcanzó 13 votos, en tanto que el 23 de junio llegó a los 14 votos.

Los otros integrantes de la terna Yesid Reyes y Mónica Cifuentes, el primero llegó a los 8 votos, y la segunda a 5 votos el pasado 23 de junio.

Estas votaciones se produjeron en tres rondas, al final de las cuales la Sala Plena tomó la decisión de suspender la sesión y hacer un tercer intento el día de hoy.

El sistema de elección que emplea la Corte Suprema en estos casos consiste en que primero se vota por los tres aspirantes a Fiscal, luego se vota por los dos que tengan mayor votación, posteriormente se vota individualmente por el que tenga mayor votación y a renglón seguido individualmente por quien alcanzó la segunda votación.

Se espera que en estas dos semanas que han trascurrido desde el segundo intento de elección, los 23 magistrados de la Corte hayan llegado a un consenso sobre el nombre de alguno de los integrantes de la terna, pues el tiempo va pasando y sigue la interinidad en la Fiscalía.

Tras la salida de Eduardo Montealegre el pasado 29 de marzo por periodo cumplido, el cargo ha sido ocupado como Fiscal (e) por Jorge Fernando Perdomo, quien estuvo entre los más de cien aspirantes que participaron en la convocatoria pública que abrió el presidente Santos para las personas que creyeran tener las calidades para esta posición.

Mónica Cifuentes Osorio es abogada y fue Asesora Jurídica del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. Yesid Reyes Alvarado es abogado  y viene de ser  Ministro de Justicia. Mientras que Néstor Humberto Martínez Neira fue Ministro de Justicia y Ministro del Interior durante la administración del presidente Andrés Pastrana Arango.