Esta misma semana, que será clave para la iniciativa. La Cámara designará al ponente que estaría entre los representantes Hernán Penagos y Rodrigo Lara. En el Senado se nombró al senador liberal Horacio Serpa.
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Esta semana será decisiva para la reglamentación de la JEP. Mientras se espera que la Comisión Primera de la Cámara designe ponente de la reglamentación de la JEP, ya el Senado designó al senador Horacio Serpa para ese fin.
Serpa manifestó, “la razón es la siguiente, yo fui nombrado por el Senado pero como de todos modos estamos pendientes de que en la Cámara se nombre ponente para hacer un estudio conjunto”.
El senador Serpa dijo que una vez comience el debate lo analizará y opinará sobre los acuerdos a los que se llegue. Lo que se conoce es que en la Cámara se nombrará esta semana al ponente entre Hernán Penagos y Rodrigo Lara.
Cabe recordar que el pasado primero de agosto el Gobierno radicó el proyecto reglamentario de la JEP. El articulado estipula en uno de sus títulos la creación de un Comité de Coordinación Interinstitucional que permitirá a la Jurisdicción Especial para la Paz realizar una verificación efectiva de la contribución en materia de verdad, reparación integral y no repetición, previo a la imposición de las sanciones propias, alternativas u ordinarias que establezca el Tribunal de Paz o las Salas de definición de situaciones jurídicas.
Dentro de esa misma normatividad también queda establecido que aun cuando la JEP entró en vigencia mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, que dio vida al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr), su funcionamiento deberá darse a más tardar tres meses después de que se hayan posesionado los magistrados designados por el Comité de Escogencia para las Salas y la Unidad de Investigación y Acusación. El tiempo total de duración de la institución será de 10 años con posibilidad de extenderse otros cinco más.
Restauración
En el mismo proyecto quedan explícitos los componentes restaurativos, las sanciones, el sistema de monitoreo y vigilancia, los recursos y acciones a interponer ante la JEP, así como los que aseguran las garantías procesales, el respeto de los derechos y principios, el debido proceso y la defensa y la seguridad jurídica de quienes se acojan a los beneficios que otorga esta jurisdicción especial.
El ministro de Justicia, Enrique Gil, dijo que espera que este Proyecto de Ley Estatutaria, que desarrollará la Justicia Especial sea aprobado por el Congreso de la República para que se pongan en firme sus competencias y finalizar con una guerra de más de 50 años.
Las penas que en principio son privativas de la libertad pueden ser reducidas a la mitad
¿Mico?
El primer punto que despertó polémica, y que ya algunos califican de ‘mico’, tiene que ver con la participación política de las Farc. Dice la iniciativa: "la imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política".
Para el Gobierno, la medida se justifica porque la transición de la guerrilla a la política fue fundamental para que las Farc abandonaran las armas.
"Si se trata de sanciones propias, que son aquellas que lo que implican es restricciones de libertad lo que implican es tareas y labores restaurativas a favor de las víctimas, pues ese tipo de sanciones pueden ser cumplidas paralelamente con el ejercicio de los derechos políticos", asegura Guillermo Rivera, ministro del Interior.
Sanciones
Otro de los artículos que despertó el desacuerdo son los beneficios a las sanciones para conductas muy graves, que se castigarán con pena privativa de la libertad de 5 a 8 años de prisión.
"Las penas que en principio son privativas de la libertad pueden ser reducidas a la mitad y cumplida la mitad de la pena pueden salir con restricción, no con cárcel, sino con una restricción de la libertad", señala Carlos Fernando Galán, senador de Cambio Radical.
También el periodo de permanencia en las zonas veredales será considerado como tiempo de cumplimiento de la sanción.
"Las sanciones propias implican por un lado restricción de la libertad, pero por el otro lado la obligación del sancionado de desarrollar labor de restauración de los derechos de las víctimas entre las que se incluyen labores de desminado", dice el Ministro del Interior.
La iniciativa iniciará trámite en los próximos días en el Congreso de la República, una vez la Cámara termine con el trámite sobre la reforma política. Pero la oposición está en desacuerdo. "Van a poder ser congresistas los señores de las Farc mientras están siendo procesados por esta justicia de impunidad", asegura Daniel Cabrales, senador del Centro Democrático
Posición de Acore
El general (r) Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) le manifestó a la Sala Plena de la Corte Constitucional que la Jurisdicción Especial para la Paz no puede poner en una misma bolsa a los militares y a los guerrilleros de las Farc, puesto que su actuar dentro del conflicto armado interno es muy diferente.
El oficial en retiro aseguró que en defensa de la seguridad nacional y la soberanía del Estado la Fuerza Pública adelantó sus funciones constitucionales y legales en contra de los grupos armados ilegales, principalmente las Farc. “Hay cosas preocupantes, como el hecho que nos quieren procesar con el mayor rigor, aplicarnos la justicia penal internacional”.
En este sentido aseguró que en contra de los miembros de la Fuerza Pública se ha emprendido una “guerra jurídica” con el fin de acabarlos en los estrados judiciales “ya que no pudieron derrotarnos en el campo de batalla. Esa es una insistencia de la extrema izquierda”.
“Es inexplicable que tengamos 15 mil hombres investigados por hechos relacionados con el conflicto armado”. Debido a esto pide que la JEP garantice el debido proceso y el derecho a la defensa de todas los integrantes de la Fuerza Pública puesto que existen muchos vacíos cuando se habla de las acciones de los militares y policías en el conflicto armado.
“Todo ataque se decía que era un falso positivo. Tenemos una situación bastante delicada”. Para el general en retiro, existe una gran confusión por parte de la legislación colombiana cuando se habla de la responsabilidad de mando. “No somos una organización criminal, somos una organización responsable”.
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