Los tiempos en el Congreso se agotan para el trámite de la Ley de Tierras, cuyo proyecto no ha sido presentado todavía al Legislativo. Gremios del sector agropecuario esperan que observaciones hechas queden incluidas.

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En las próximas semanas se espera que el Gobierno presente ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Tierras, que viene siendo preparado por los Ministerios del Interior y de Agricultura y socializado ante las comunidades indígenas y afrocolombianas.

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Enrique Bedoya, dijo a EL NUEVO SIGLO que son varios los temas que inquietan al empresariado colombiano, y que por lo general son los que tienen que ver con aspectos jurídicos sobre la tenencia de la tierra.

Para el gremio agropecuario, en Colombina debe haber una claridad total sobre lo que se proponga y tramite en el Congreso y que tenga que ver con temas de propiedad de la tierra.

Aseguró que los diferentes gremios de la producción realizaron una serie de observaciones sobre temas considerados para ellos muy importantes al proyecto de la ley de tierras que está a punto de presentar el Gobierno y que busca una serie de cambios en la propiedad del suelo en el país.

El dirigente gremial señaló que la propuesta del sector privado agropecuario al Gobierno se basa en el respeto de la propiedad privada, la inclusión social y la competitividad del campo colombiano.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo va la discusión con el Gobierno sobre el proyecto de ley de tierras que se presentará al Congreso?

JORGE ENRIQUE BEDOYA: Hemos tenido una discusión muy amplia con el Gobierno sobre el tema. Desde antes que llegara a la Sociedad de Agricultores de Colombia, el sector ya venía trabajando con el Gobierno para poner en claro la posición que desde el agro se tiene sobre estas normas.

ENS: ¿Ustedes básicamente qué recomendaciones hicieron al Gobierno para que sean tenidas en cuenta en la elaboración del proyecto de ley?

JEB: Muchísimas la verdad. Cuando inició el tema, lo comenzamos a trabajar, y dimos múltiples opiniones e hicimos una gran cantidad de observaciones, pues el Gobierno quería presentar un proyecto de ley de tierras muy amplio, que podría generar una gran cantidad de asuntos de carácter jurisdiccional en la Agencia Nacional de Tierra. Se hicieron las observaciones, lo que originó que el Gobierno expidiera el Decreto 902 y dejó por fuera otros temas que son críticos para la seguridad jurídica de la propiedad rural en Colombia.

ENS: ¿Pero en ese decreto qué cosas quedaban por fuera?

JEB: Básicamente fueron muchos temas pero se pueden destacar los siguientes: el primero, toda la claridad jurídica sobre las reglas para los temas de expropiación, los de extinción del derecho de dominio, el de los ocupantes históricos de buena fe y el de adquisición de predios de origen baldío que fueron titulados por fuera de programas de reformas agrarias. Esos cuatro elementos configuran lo que hemos llamado el punto de quiebre en materia de inseguridad jurídica para la propiedad rural de nuestro país

Baldíos

ENS: Sobre el tema de baldíos, que ha sido uno de los más álgidos en el proceso y que el Gobierno anunció un ‘manejo inteligente, ¿qué tiene que decir?

JEB: Ahí es donde vienen todos estos temas. No es tan sencillo como que alguien que haya explotado una tierra durante 10 años ya quede como dueño de un predio. Aquí es donde viene la definición jurídica de qué es un ocupante de buena fe, que demuestre que la explotó, que es ocupante pero que no desplazó a nadie. Hay una gran cantidad de consideraciones que es lo que el Gobierno debe incluir en el texto que el Congreso debe estudiar para que quienes tienen tierra hoy y la hayan adquirido legítimamente no vayan a caer en procesos de extinción de derechos de dominio o expropiación sin razón alguna.

ENS: ¿Es decir que se deben tener en cuenta muchos aspectos para no lastimar a quienes tienen legalmente predios en el campo?

JEB: Hay que partir de que aquellos que son ocupantes históricos tengan las herramientas para demostrar que son ocupantes de buena fe, que han hecho buen uso de la tierra, que no tienen cultivos ilícitos y que los lleve a que se les pueda resolver su situación jurídica.

ENS: ¿En el caso de quien no tiene tierras, cómo funcionaría?

JEB: Aquí es donde viene la conjugación con el Decreto 902 y lo que se necesita en la ley es que en todos los terrenos baldíos que tiene el Gobierno para completar esos tres millones de hectáreas, efectivamente puedan adjudicarle o titularle tierras a las víctimas o a las personas que no las tienen y que todos podamos caber en esas 27 millones de hectáreas que tiene Colombia aptas para labores agropecuarias sin vulnerar derechos ni de unos ni de otros y bajo total precepto de total legalidad en los procesos de adquisición y titulación de esos terrenos. El tema de los baldíos es una parte de un todo, pues no se hace nada con la titulación a los ocupantes de buena fe si demuestran su posesión, si no se corrigen los criterios de extinción de los derechos de dominio, pues se estaría borrando con el codo lo que se hace con la mano.

Mensaje de urgencia

ENS: Ustedes desde la SAC, ¿cuándo creen que el Gobierno radique ante el Congreso este proyecto, que no va por ‘fast track’ sino por legislatura ordinaria?

JEB: Uno pensaría que los cálculos del Gobierno lo sacarían con mensaje de urgencia. Todo dependerá del trámite de la consulta previa con las comunidades indígenas y los afrocolombianos. Tiene que ser, en mi opinión, un mecanismo muy rápido, como el del Decreto 902 que fue de una semana, porque si se toma uno o dos meses y ya estamos en noviembre prácticamente, y así se cite a extras en el Congreso el tema del quorum se puede complicar.

ENS: O sea que hay poco tiempo

JEB: Sí, hay poco tiempo, pero también hay que considerar que el Gobierno debe tener los recursos para realizar la consulta previa, que la haga y que el Congreso camine en medio de una coyuntura muy complicada por ser año electoral. Uno quisiera que el legislador saque esta ley adelante  porque de lo contrario vamos a quedar con leyes que no corresponden a la realidad y a la actualidad del país y ello llevaría una mayor inseguridad jurídica que nos preocupa tanto.

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