Segundos que cuestan oro. Durante los cinco minutos que el lector tardará leyendo esta columna, 15 celulares habrán sido robados en Colombia y por lo menos dos de las víctimas del atraco habrán resultado heridas. Según las estadísticas, cada 20 segundos en el país es robado un celular, es decir, tres por minuto, 194 por hora.

Multinacional. El robo de celulares es el más común de los delitos de una multinacional del crimen que extiende sus tentáculos desde México hasta el extremo sur del continente y que en Colombia parece no ceder a pesar de la adopción de medidas y la expedición de leyes endureciendo las penas.

Indiferencia. La impotencia es generalizada y en medio de la zozobra llama la atención la indiferencia de los operadores de telefonía celular frente al tema. ¿Qué hacen Claro, Movistar y Tigo para desestimular el robo de celulares? Nada, y lo peor: las víctimas quedan expuestas a su indolencia y maltrato.

Paganini. Tras reportarlo, una víctima del robo de celular se encuentra con que su operador le notifica que podrá contar con otro aparato, pero ahora a un costo real, es decir, que lo que le pudo haber costado 200 ó 300 mil pesos, ahora le valdrá un millón de pesos. Si el cliente toma la opción, adicionalmente debe adquirir la nueva simcard para reactivar la línea, lo que cuesta 11 mil pesos.

Sin rebaja. Si por alguna razón el cliente decide cancelar la línea, tendrá qué pagar una multa que puede llegar a 500 mil pesos, pues está amarrado a un contrato y a una cláusula de permanencia que puede ser de 12 hasta 36 meses, que lo obligan, así no esté activada la línea o no consuma los minutos de su plan, a continuar pagando mensualmente la factura.

Inoperantes. Nada para evitar este abuso hacen el Ministerio de Comunicaciones, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, o la Superintendencia de Industria y Comercio porque, además, no cuentan con herramientas para proteger realmente al usuario. Las normas que existen son policivas e inoperantes, como el famoso bloqueo del aparato que, entre otras cosas, no existe, pues nadie se come el cuento de que con ello queda un celular inutilizable. Si así fuera, si un teléfono bloqueado quedara sirviendo sólo de pisa-papel, nadie mataría por robárselo.

Desasegurado. Antes, las empresas amparaban el primer robo de un aparato con un seguro que el cliente tenía la opción de tomar. Ahora no existe. Frente a esta realidad, no hay que desgastarse mucho para concluir que el robo de celulares no solamente beneficia a las organizaciones criminales sino también a los fabricantes de aparatos (celular robado obliga al cliente a remplazarlo, así le cueste más)  a los operadores (que tienen amarrados a sus clientes con multas y cláusulas de permanencia) y hasta el mismo Estado que recauda varios cientos de miles de millones de pesos por concepto del 20% de  IVA con que está gravado el jugoso negocio, parte del cual, el 4%,  paradójicamente, va a financiar el deporte.