Ya parece casi que un ritual anual el anuncio por parte de las autoridades colombianas de nuevos controles a la inversión de los recursos de las regalías así como al seguimiento de los proyectos  financiados con las mismas. Y, también lo es que los entes de control, año tras año, denuncien que las anomalías en el uso de estas cifras billonarias no acaban.

Una prueba de esto último es el último informe de la Contraloría General, según el cual en $10,7 billones se calcula el saldo sin ejecutar del Sistema General de Regalías al cierre del bienio 2015-2016

Según el propio ente de control, se trata de una “cifra bien significativa”, ya que es superior a los $6 billones que espera recaudar el Gobierno este año con la última reforma tributaria, que empezó a aplicarse en enero pasado.

Esos $10,7 billones están quietos tanto en la Tesorería de la Nación como en las cuentas maestras de las entidades territoriales. Paradójicamente el Gobierno anunció meses atrás una especie de plan de choque para reactivar la alicaída economía, asegurando que gran parte de los recursos para abocar proyectos a nivel regional y local provenía, precisamente, de los recursos no ejecutados de las regalías. Es más, se recuerda la intensa polémica que se formó por el tijeretazo billonario a los recursos para financiar proyectos de ciencia y tecnología, y que ahora irán a la construcción de red vial terciaria.

No menos preocupante resulta el hecho de que la Contraloría insista en que se financien proyectos estratégicos y se elimine la dispersión y los gastos poco pertinentes. También denunció que persisten los riesgos de corrupción en los procesos de contratación que realizan las entidades territoriales. Por ejemplo, a pesar de la que la contratación directa representa el 32% y los procesos de concurso (licitaciones, concurso de méritos) “son dominantes”, el problema es que estos últimos se realizan con un único oferente en más del 70% del valor de la contratación.

A todo ello se suma que entre 2015 y 2016, las auditorías arrojaron 657 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor de $496.002 millones. Y un último dato: el Fondo de Ciencia y Tecnología es el más rezagado en ejecución de la inversión, y fue precisamente a esa entidad a la que le quitaron más de un billón de pesos para financiar vías en departamentos y municipios.