Una revisión de los procesos penales, disciplinarios y fiscales que están adelantando los entes de control sobre las ejecutorias de la administración pública deja ver que el número de funcionarios que son blanco de pesquisas por anomalías o incluso actuaciones delincuenciales relacionadas con el trámite y aprobación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) va en aumento.

Aunque en las últimas semanas el foco mediático se ha puesto sobre las denuncias y procesos por el llamado escándalo del “volteo de tierras” en varios municipios de la Sabana de Bogotá en donde se cambió de manera poco clara las normas de uso de suelo de predios rurales para habilitarlos para parques industriales y desarrollos habitacionales, lo cierto es que desde tiempo atrás son voluminosos los expedientes por anomalías en las reformas a los POT, incluyendo no sólo casos de presunta o evidente corrupción, sino también de abierta impericia de alcaldes, funcionarios, concejales y otros empleados públicos.

Lastimosamente en muchas ocasiones queda claro que las administraciones locales no han entendido la importancia y efecto transversal que tiene los POT sobre el desarrollo de sus municipios a corto, mediano y largo plazos. Por ejemplo, el elemento ambiental tiene un peso cada vez mayor en la definición de estos planes, sin que por ello se contrate a personal idóneo para los respectivos delineamientos en la materia.

Hay esfuerzos para contrarrestar este flagelo. Por ejemplo, el Departamento de Planeación Nacional está adelantando la estrategia de “POT modernos” que tiene por objetivo ajustar la planeación territorial, bajo una modalidad de largo plazo más allá de la vigencia legal. Incluso se calcula que el 81% de los planes actuales requieren de revisión. Es claro que en la medida en que dichos ajustes se den, la calidad y utilidad de las inversiones públicas aumentará así como el control sobre polos de desarrollo y políticas urbanísticas, económicas, comerciales, agroindustriales, de desarrollo sostenible ambiental y de uso del suelo en general.

Los entes de control también deberían activar un acompañamiento preventivo a nivel regional y local, antes de que los encargados de formular y aprobar los POT incurran en anomalías o incluso delitos.