Aplicación de la ley 

Formalidad procesal

Las dificultades de gobernabilidad en capitales departamentales como Yopal y Cartagena en modo alguno son culpa o responsabilidad de los entes de control, como algunos sectores políticos, económicos, sociales e institucionales allí han tratado de insinuar. Todo lo contrario, tanto la Fiscalía como la Procuraduría no han hecho nada distinto a proceder en sus respectivos campos funcionales.

En el caso del burgomaestre de la capital de Casanare, Jhon Jairo Torres, el proceso penal en su contra por la construcción irregular de viviendas ha cumplido todas las instancias normales y ya quedó en firme, en la propia Corte Suprema de Justicia, la condena. Así las cosas, quedó definitivamente por fuera del cargo.

Se acaba, entonces, el ‘carrusel’ de mandatarios en Yopal, ya que el alcalde electo en los comicios de octubre de 2015, pese a haber sido encarcelado, recuperó la libertad recientemente y se había reintegrado al despacho. Obviamente la inestabilidad gubernamental en la capital del Casanare ha sido altamente lesiva, pero las normas penales tienen unos mecanismos que no pueden saltarse y cualquier acusado o condenado tiene derecho a utilizar los recursos legales a su disposición en ejercicio de su defensa.

En el caso de Cartagena, es claro que la suspensión temporal ordenada por la Procuraduría al alcalde Manuel Vicente Duque, en el marco de la investigación por el desplome de un edificio que causó una veintena de muertos, le daba al burgomaestre la posibilidad de ejercer recursos legales, en este caso una acción de tutela fallada a su favor por magistrados seccionales pero que esta semana revocó el Consejo Superior de la Judicatura.

Como se dijo, las jurisdicciones penales, disciplinarias y fiscales tienen una serie de procedimientos que deben cumplirse. Y a los investigados los cobija un debido proceso, que están en todo derecho de ejercer. Si estos acuden a tácticas dilatorias y anómalas, o los operadores judiciales fallan en la aplicación normativa, proceden allí sí sanciones, pero antes no.

Es claro que lo mejor sería que si un gobernador o alcalde es procesado penal, disciplinaria o fiscalmente, dé un paso al costado y la respectiva administración pueda seguir sin traumatismos. Si ello se quiere, hay que proceder a las reformas respectivas. Por ahora ello no es posible y hay que aplicar la legislación vigente.