En medio de la avalancha noticiosa de estos días hay algunas informaciones que terminan en un segundo plano pese a su importancia o la gravedad de sus implicaciones. Una prueba de ello es el poco eco que tuvo la decisión de la Procuraduría General de la Nación en torno a abrirle investigación disciplinaria a 20 gobernaciones y 35 alcaldías por incumplir la atención integral a la población desplazada.

La determinación del Ministerio Público no es, en modo alguno, de bajo calado. Todo lo contrario, que más del 62 por ciento de los mandatarios departamentales entre 2012 y 2015 (es decir los antecesores de los actuales gobernadores) estén siendo investigados es un hecho grave. Incluso, si bien 35 alcaldes no es una cifra desestimable de titulares municipales en la mira de las pesquisas disciplinarias, su porcentaje es menor si se tiene en cuenta que el país tiene más de 1.100 poblaciones.

En otras palabras, mientras que más del 62 por ciento de los gobernadores está bajo la lupa por incumplir, presuntamente, su obligación legal en materia de protección, asistencia, atención y reparación de la población desplazada por la violencia, sólo un poco más del 3 por ciento de los alcaldes también habría incurrido en igual falla administrativa.

Otro de los aspectos graves advertidos por la Procuraduría es que dicho incumplimiento se dio pese a que se contaba con los recursos suficientes para proteger a los desplazados. Es decir, que no se podría alegar aquí que la falencia se presentó por cuestiones típicamente presupuestales. En ese orden de ideas, de ser encontrados culpables los indagados podrían exponerse a una sanción disciplinaria significativa.

Falta ver qué responden los respectivos exgobernadores de Arauca, Guainía, Córdoba, Chocó, Cauca, Casanare, Caquetá, Caldas, Bolívar, Vichada, Sucre, Risaralda, Quindío, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, Huila y Guaviare.

No hay que olvidar que la protección de los desplazados no sólo es objeto de varias leyes y sistemas del orden nacional, regional y local, sino que además la Corte Constitucional dictó hace varios años un auto de cosas inconstitucional sobre las falencias en la protección a los desarraigados y periódicamente las instancias gubernamentales de turno han tenido que rendir informes sobre cómo se han ido superando las fallas advertidas.