No trasladar allí campaña
Una legislatura prioritaria
Sin duda alguna resulta sui generis que en el arranque de la campaña presidencial, diez de los precandidatos sean, a la vez, senadores. Aunque no es la primera vez que congresistas en ejercicio aparecen dentro de las primeras barajas de aspirantes a la Casa de Nariño, nunca antes se había presentado una cantidad como la actual.
Tal como lo indicaron sendos informes de este Diario el fin de semana, hay una decena de parlamentarios que son precandidatos: Viviane Morales, Juan Manuel Galán y Luis Fernando Velasco (liberales); Iván Duque, Paloma Valencia y María del Rosario Guerra (uribistas); Jorge Enrique Robledo (Polo); Claudia López y Antonio Navarro (Alianza Verde); y Roy Barreras (La U).
Legalmente no tienen la obligación de renunciar temporal ni definitivamente a sus curules mientras adelantan la precampaña. Incluso un sondeo adelantado por este Diario entre la mayoría de ellos así lo confirmó. Y también es claro que cuando cada colectividad escoja a su respectivo aspirante único o de coalición interpartidista, muchos de ellos quedarán descartados de la contienda por la sucesión de Juan Manuel Santos. Aquellos que sigan en competencia, ya como candidatos oficiales, seguramente sí se apartarán de las tareas parlamentarias por obvias razones.
Si bien es cierto que el Congreso es, por naturaleza democrática, el escenario político más preeminente, resulta necesario evitar que la presencia de diez precandidatos presidenciales convierta los debates en las comisiones y plenarias en un ring permanente entre los aspirantes a la Casa de Nariño.
La legislatura que arrancó el jueves pasado y que, sin duda, tiene una agenda muy trascendental en materia de implementación normativa del acuerdo de paz, economía, medidas anticorrupción, reforma al régimen de tierras y otros asuntos de primer orden, requiere que el Congreso y sus integrantes, sobre todo aquellos de mayor representación política, se concentren en la discusión profunda y objetiva de los alcances de las leyes y actos legislativos.
En ese orden de ideas, trasladar la competencia presidencial al Congreso es abiertamente contraproducente. Precandidatos, bancadas y directivas de Senado y Cámara tienen la responsabilidad de evitar que ello ocurra.