El próximo lunes los actuales mandatarios regionales cumplirán su segundo año al frente del cargo tras ser elegidos en los comicios de octubre de 2015

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Solo 30 de los 32 gobernadores comenzarán sus últimos dos años de gestión. Esto porque los mandatarios regionales de La Guajira y Amazonas salieron del cargo tras investigaciones penales y hoy están en una cárcel de Bogotá.

Esta cifra refleja un actual periodo especialmente problemático para un importante número de alcaldes y gobernadores en comparación a otros. Las investigaciones contra los funcionarios públicos son pan de cada día en el país, frente a lo cual sin caer en honduras como la corrupción generalizada, hay que decir que se ha vuelto casi algo inherente a la función porque como se dice popularmente en Colombia una investigación ‘no se le niega a nadie’, y por ello una buena cantidad de las denuncias resultan ser infundadas, más motivadas por rencillas políticas o por motivaciones burocráticas para tumbar a la persona del cargo y que otro lo ocupe.

Sin embargo en el caso del actual periodo es alto el número de gobernadores y alcaldes de ciudades capitales que ya han sido sancionados o ven comprometida su continuidad porque las investigaciones en su contra están bastante adelantadas.

La Guajira

Oneida Pinto fue la primera gobernadora del actual periodo en caerse por una decisión del Consejo de Estado que declaró la nulidad de su elección.

En la demanda se le acusó a la Gobernadora de violar la prohibición contenida en los artículos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000, según la cual, quien resulte elegido alcalde no podrá inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular mientras detente tal dignidad, ni tampoco dentro de los 12 meses siguientes.

Ocurre que la demandada fue elegida como alcaldesa del municipio de Albania (La Guajira) para el período 2012-2015 y ocupó tal dignidad hasta el 21 de julio de 2014, fecha en la que le fue aceptada la renuncia presentada. Pese a lo anterior, la señora Pinto Pérez el 25 de junio de 2015 se inscribió como candidata a la gobernación de La Guajira para las recientes elecciones territoriales de 2015.

Entonces, como entre las dos fechas transcurrieron menos de los 12 meses que exigen los artículos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000, en consonancia con la modificación de la Ley 1475 de 2011, se imponía a la Sala Electoral de esta Corporación anular la elección de la demandada al cargo de LA gobernadora de La Guajira.

Debido a esta situación se hicieron elecciones atípicas en las que resultó elegido Wilmer González Brito, sin embargo a mediados de este año, cuando llevada apenas cerca de seis meses en el cargo, el Tribunal Superior de Bogotá lo envió a la cárcel por presuntamente haber entregado mercados, tejas y hasta chivos a población de escasos recursos en este departamento a cambios de votos en las elecciones que ganó en noviembre de 2016.

El magistrado de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá, Orlando Muñoz Neira, ordenó que el gobernador González Brito vaya a prisión por considerar que éste podría afectar el desarrollo de la investigación penal en su contra por los delitos que lo acusa la Fiscalía: cohecho, falsedad en documento público, corrupción al sufragante y fraude procesal.

De esta forma el funcionario judicial rechazó la solicitud de la defensa del Gobernador para que le diera casa por cárcel.

"La modalidad del comportamiento delictivo es lo que nos permite fundamentar que su permanencia en libertad y al mando de La Guajira constituyen un riesgo", justificó el togado Muñoz Neira.

Agregó el jurista que "es más que claro que quien ahora es Gobernador va a tener una oportunidad de oro. No de forma intermitente sino a todo momento, de influir de forma categórica el desarrollo de este proceso. Es cierto que existe aquí una garantía de presunción de inocencia a favor del imputado pero al lado de esta otros valores de la sociedad como la trasparencia tienen un mayor peso".

En la audiencia el pasado 9 de febrero en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía acusó al Gobernador de La Guajira de los delitos de cohecho, falsedad en documento público, corrupción al sufragante y fraude procesal.

Según el ente acusador el entonces candidato del Partido de La U se valió de una serie de acciones prohibidas por la ley electoral para convencer a la población de que votaran por él, en lo que habría sido ayudado por concejales de varios municipios.

Una de las pruebas que presentó la Fiscalía en contra del Mandatario departamental es la grabación de una conversación que sostuvo con la concejala de Maicao, Silbelly Solano, en la cual según el organismo hablan de la entrega de $10 millones a cambio de votos.

Amazonas

En noviembre pasado, el departamento de Amazonas se quedó sin gobernador titular después de que la Corte Suprema de Justicia condenó a 14 años 7 meses de cárcel a Manuel Antonio Carebilla por un hecho relacionado con corrupción mientras fue representante a la Cámara.

Según la investigación, Carebilla en sus tiempos de congresista usó la Unidad de Trabajo Legislativo como una empresa particular para su lucro propio.

“Carebilla Cuéllar ofreció en venta cargos públicos al mejor postor, designó formalmente a personas que nunca cumplieron labores y, no obstante ello, recibían emolumentos de los que se beneficiaron a aquellos”, dice la Corte Suprema.

Asegura el alto Tribunal que certificó falsamente el cumplimiento de labores que nunca se desempeñaron y solicitó a sus subalternos el pago de obligaciones y el arreglo de su vehículo oficial.

“La UTL fue convertida en una empresa particular cuyo único objetivo fue el lucro, haciendo a un lado las funciones constitucionales y legales asignadas”, añade el alto tribunal.

Carebilla está en prisión desde abril del año 2016, desde cuando el presidente Santos se vio en la necesidad de designar un gobernador encargado.

En los primeros meses del próximo año se realizarán elecciones atípicas en Amazonas para elegir un gobernador que termine de cumplir el periodo de Carebilla.

Yopal, Casanare

En julio pasado se le agotaron los recursos al entonces alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, quien se resistía a dejar el cargo, luego que la Corte Suprema de Justicia le confirmó la condena de tres años y siete meses de prisión, decisión que no podrá ser apelada.

La pena le fue impuesta a quien es más conocido como ‘John Calzones’ por su participación en la construcción irregular de viviendas en un predio denominado Ciudadela La Bendición.

El alto Tribunal no admitió un recurso de casación con el cual la defensa del Mandatario regional pretendía revocar la condena impuesta por el Juzgado Tercero Penal de Yopal en marzo de este año, que luego fue dejada en firme por el Tribunal Superior de Yopal.

Torres fue condenado por construir desde enero de 2014 la mencionada urbanización Ciudadela La Bendición, que no estaba contemplada dentro del Plan de Ordenamiento Territorial ni contaba con las licencias ambientales de construcción de la región.

Además, dicho terreno se encontraba en proceso de extinción de dominio, pues presuntamente pertenecía a testaferros del narcotraficante Germán Sánchez Rey, alias Coletas, quien fue capturado en 2010 y extraditado a España en 2011.

En los primeros meses del próximo año se realizarán elecciones atípicas en Yopal para elegir un alcalde que termine de cumplir el periodo de Torres.

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