Álvaro E. Sánchez Herrera *

Especial para EL NUEVO SIGLO

Es común oír hablar de los desastres ambientales pero esto es un error desde todo punto de vista: la naturaleza tiene comportamientos predecibles y cíclicos, por lo que los daños que estos causan no pueden ser achacados a ella sino más bien a la estupidez humana de asentarse en sitios donde se debería saber que van a ocurrir dichos fenómenos naturales.

Es claro que jamás habrá terremotos en zonas que no se encuentren sobre fallas geológicas, tampoco inundaciones en donde no hay cuerpos de agua, ni huracanes en medio de las montañas del trópico y mucho menos erupciones sin que haya volcanes  dentro del área de influencia.

Desde el punto de vista práctico, el ser humano debería asentarse en las zonas de menor riesgo y proteger a sus semejantes apartándolos de las de alto riesgo.

En Colombia se han venido dando avances en este sentido pero es notorio que existe un distanciamiento entre la legislación y la aplicación que de ella se hace en todos los niveles del Estado. Y también es notorio que hay una gran deficiencia en el control que existe sobre temas de gestión de riesgo. A ello le podemos añadir el desconocimiento que muchos de los administradores municipales tienen sobre el tema.

En días pasados, a modo de ejemplo, un alcalde que recibía un panorama de riesgos del municipio manifestó: “quíteme ese riesgo de ahí, que desde que nací ahí no ha pasado nada”. Lo anterior no pasaría de ser una anécdota si no fuera porque en el informe final desapareció esa zona del mapa de riesgo sísmico local.

Desde otro punto de vista hace muchos años se ha venido oyendo hablar de la, cada vez mayor, probabilidad de que en un futuro cercano se desarrollen grandes guerras por el control de los recursos naturales. Lamentablemente cada día está más cerca esa probabilidad.

Para nosotros, en general, suele parecer un problema retórico pero la realidad es que hoy por hoy se han identificado más de 72 graves conflictos socio-ambientales en Colombia. Estos se agravan, sin duda alguna, por cuanto muchas de las zonas de explotación de dichos recursos se encuentran en zonas de riesgos alto y mediano, jalonando asentamientos humanos en esos mismos sitios para su explotación, lo que deja expuesta a la comunidad a desastres de origen natural. Teniendo un problema de tal magnitud, intentaremos dedicar estas líneas al análisis de la problemática en nuestro país.

Recuento histórico

A raíz del desastre de Armero se comenzaron a desarrollar normas legales que abocaran el problema de la gestión del riesgo y minimizaran las posibilidades de grandes calamidades. Se expidió el decreto 919/89, reglamentado y modificado mediante el decreto 093/98, que obligaba a los municipios a elaborar los famosos Planes Locales de Emergencias y Contingencias (Plecs). Se presumió que con ello se lograrían mitigar las posibilidades de que en las regiones ocurrieran desastres. Pero sobrevino el terremoto del Eje Cafetero para que el Estado se diera cuenta de que la estrategia no había funcionado y que, además, solo el 18% de los municipios había cumplido con la obligación y los planes no funcionaron de la manera en que debían hacerlo.

En 2001 el gobierno nacional, a través del documento Conpes 3146, ofreció ayuda para que se le facilitara a los municipios la ejecución de los Plecs y determinó las obligaciones de los diferentes órganos del Ejecutivo central y las autoridades regionales y locales, para lograr que todo estuviera realizado a finales de 2004. Como era de suponerse para enero del 2006 solamente el 21% de los municipios había culminado sus estudios y no todos ellos de buena calidad. Lo increíble es que no se conocen consecuencias jurídicas del incumplimiento de las normas establecidas hasta ese momento.

En 2012, a raíz de la ola invernal de 2011, se hizo evidente que las estrategias y normas que hasta entonces se habían elaborado tenían un problema para su funcionamiento. El Congreso, entonces, expidió la ley 1523 de abril de 2012 por medio de la cual se obligaba a todos los municipios a elaborar sus estudios de “Gestión de amenaza, vulnerabilidad y riesgo” antes de septiembre de ese mismo año. Sobra decir que esto era imposible dada la complejidad de la tarea encomendada.

La inmensa mayoría de los municipios se vieron abocados a escribir documentos sin mayor fundamento para no tener que enfrentar problemas con los entes de control, dado que estos últimos revisan que los estudios se encuentren elaborados pero no revisan el fondo y el contenido de los mismos. Valga decir que para las revisiones de los Planes de Ordenamiento Territorial se han tenido que elaborar nuevos Plecs, con lo cual de una u otra manera se ha venido mejorando el panorama.

Estudios difíciles

Recientemente se expidió el decreto 1807 de 2014 que obliga a los municipios a elaborar análisis de detalle sobre el tema y que implica costos exageradamente elevados. A lo sumo Bogotá y algunas otras capitales pudieran tener acceso a elaborar dichos estudios pero la mayoría de los municipios no puede comprometer las cifras que se requieren para su elaboración. Así las cosas: o bien los elabora el gobierno nacional o bien nos enfrentaremos a documentos creativos que espanten el ‘fantasma’ de los órganos de control pero que, en realidad, no sirvan para nada.

En este contexto volverá a ocurrir lo de Salgar (Antioquia). Tendremos además desastres en otros muchos municipios y es muy posible que tengamos que llorar más muertos.

¿Valdrá la pena trasladar la responsabilidad a gobernantes y consultores de todo aquello que ocurra y no se prevea adecuadamente? ¿Y por qué no de todo aquello que se estudió de manera irresponsable para cumplir apenas requisitos de forma?

*alsanchez2006@yahoo.es @alvaro080255