Una comisión humanitaria de la Defensoría Regional Vichada acompaña de manera permanente el caso de la niña de 18 meses que fue liberada en Puerto Ayacucho, Venezuela, tras un violento secuestro en la inspección de Casuarito, ubicada en territorio colombiano.
La menor fue raptada en su lugar de vivienda, luego que su niñera, una joven indígena de aproximadamente 20 años de edad y quien también era madre de familia, fuera asesinada, según el reporte de las autoridades.
Desde el primer momento, la Defensoría del Pueblo tomó contacto con la Secretaría de Educación, habida cuenta de que los padres de la niña son profesores del colegio Antonia Santos, ubicado en zona rural de Puerto Carreño, y dispuso el envío inmediato de un equipo interdisciplinario a la zona donde ocurrieron los hechos, para verificar las circunstancias del secuestro.
La Entidad, que había exigido respeto por la vida a e integridad de la niña, siguió paso a paso desde su condición de organismo humanitario, el proceso de retorno de la menor en compañía de sus padres y de los maestros que estuvieron pendientes de la familia y de la aparición sana y salva de la pequeña Emily.
La Defensoría expresa su satisfacción por la suerte de la niña, a la vez que lamenta profundamente el fallecimiento de la persona que se encontraba a su cuidado al momento del secuestro, confía en la aplicación de justicia frente a esta situación, pide al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) revisar la situación del hijo de 3 años que perdió a su madre, y reitera su llamado para que acciones de esta naturaleza contra los derechos fundamentales de los menores de edad en Colombia no se vuelvan a repetir.
En este sentido, la Institución exhorta a quienes mantienen privado de su libertad al joven Jorge Andrés Rincón Pallares, un estudiante de 17 años secuestrado el pasado 16 de septiembre en el municipio de El Carmen, en jurisdicción de la Provincia de Ocaña (Norte de Santander), para que lo devuelvan sano y salvo al seno de su hogar.