Más allá de la liberación de los tres periodistas, si las partes no logran un acuerdo inmediato vetando el plagio, la negociación estará condenada al fracaso. El caso del general Alzate, un espejo a sopesar. Análisis

Así como, en su momento, el secuestro de un general por parte de las Farc puso en peligro el proceso de paz en La Habana, ahora el plagio de la periodista Salud Hernández y otros dos comunicadores a manos del Eln en Norte de Santander, todos liberados el viernes, amenaza con frustrar el inicio de la fase pública de las tratativas con el Eln.

Entre uno y otro caso hay diferencias pero también similitudes. Cuando las Farc secuestraron al general Rubén Darío Alzate, en noviembre de 2014, lo hicieron porque dificilmente se podía dejar pasar semejante ‘papayazo’: el comandante de la Fuerza de Tarea Titán en el Chocó andando de civil, sin escolta y en un apartado caserío a 15 minutos por río de Quibdó.

Los guerrilleros del frente 34 no desaprovecharon semejante error de un alto mando y retuvieron al general, algo que la guerrilla no había conseguido en más de cuatro décadas de combate contra la Fuerza Pública.

El plagio del general obligó al Gobierno a congelar la Mesa de Negociaciones hasta tanto no lo liberaran, aunque desde las Farc replicaban que no había aquí un secuestro (al que habían renunciado en febrero de 2012 como pre-requisito para el proceso de paz), sino que era una captura de un “enemigo”, amparada bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario, totalmente procedente más aún porque la regla de oro del proceso era que se dialogaba en medio del conflicto armado.

Lo cierto es que más allá de esas justificaciones subversivas y del error increíble de un general al entregarse casi que en bandeja de plata a las Farc en una zona de guerra, el congelamiento de las tratativas obligó a que ambas partes llegaran rápidamente a la conclusión de que este tema debía ser resuelto urgentemente si querían salvar el proceso. Así de simple.

Fue así como, en cuestión de pocos días, se pactó todo lo relativo a la liberación de Alzate, un cabo y una abogada que lo acompañaban el 16 de noviembre en el caserío Las Mercedes, cuando fue plagiado. Los tres fueron devueltos el 30 del mismo mes y, casi de inmediato, Gobierno y Farc pactaron que era necesario, entonces, que se variara la fórmula de negociar en medio del conflicto y se pensara en medidas para desescalar la guerra, protegiendo por esa vía las tratativas que, por este caso, estuvieron a punto de romperse así fuera por un hecho propio de la dinámica de la guerra interna.

Mientras el país pensaba en cuáles podrían ser esas medidas para bajarle la intensidad al conflicto, las Farc dieron un paso aún más audaz: el 20 de diciembre de 2014, es decir casi un mes después de plagiar a Alzate y liberarlo 14 días después, declararon el inicio de “un cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo indefinido”, hecho inédito. El Gobierno respondería, semanas después, con la suspensión de los bombardeos aéreos a los campamentos subversivos.

Esta tregua se vendría a romper en abril de 2015 cuando atacaron una patrulla militar en Cauca, asesinando 11 soldados. El Gobierno respondió reanudando los bombardeos, causando más de 40 bajas en Cauca y Chocó, en uno de los cuales cayó, incluso, el cabecilla alias ‘Jairo Martínez’, quien semanas atrás había estado en La Habana integrando la delegación negociadora de la guerrilla. Vino entonces una escalada de ataques subversivos, atentados terroristas y de golpes de las Fuerzas Militares que impactaron en todo el país y tuvieron la negociación a punto de romperse.

Tras este pico bélico, las partes parecieron entender que el proceso peligraba y que la fórmula de dialogar en medio del conflicto ya no funcionaba porque la guerra se atravesaba en el ritmo de La Habana. Con la mediación de los países garantes, se logró una distensión y un llamado a acelerar las tratativas. Fue así como en mayo del año pasado, las Farc volvieron a decretar una tregua unilateral (esta vez por un mes, prorrogable según las circunstancias), a lo que el Gobierno respondió suspendiendo de nuevo los bombardeos aéreos a los campamentos subversivos, la estrategia de guerra más efectiva en la lucha contrainsurgente en la última década.

Esa tregua unilateral subversiva se ha mantenido desde entonces (ya cumplió un año), y los indicadores tanto de las autoridades como de entidades no gubernamentales indican que, salvo incidentes aislados, han sido los meses de menor ocurrencia de acciones militares de esta guerrilla en varias décadas.

Incluso en varias ocasiones, tanto Gobierno como las Farc han indicado que precisamente esa tregua unilateral, la suspensión de los bombardeos y la consecuente reducción de acciones ofensivas del Ejército en zonas en donde antes atacaban a diario las Farc, son las que han permitido que el proceso de negociación haya llegado en el último año hasta donde está hoy, cuando ya se habla en La Habana incluso de la recta final de la negociación.

La miopía elena

Toda esa cadena circunstancial de hechos se trae a cuento porque la crisis en que hoy se encuentra el proceso de paz entre el Gobierno y el Eln parte, precisamente, de que se quiso pasar a la fase pública de las tratativas, es decir a la instalación de la Mesa de Conversaciones, desde una instancia inferior a la que se tenía cuando se instaló oficialmente la Mesa con las Farc en La Habana, en octubre de 2012.

Esto porque mientras que para ese entonces las Farc habían renunciado -hacía ya ocho meses- al secuestro como arma de guerra y fuente de financiación, el Eln no quiere dejar el plagio y así lo ratificó el pasado 30 de marzo, cuando en Caracas el Gobierno y esta guerrilla anunciaron que tras más de dos años de diálogos  secretos y confección de una agenda de negociación, pasaban a la fase pública del proceso y anunciaban la próxima instalación de la Mesa de Negociaciones en Quito.

Si bien fue sorpresivo el anuncio que se dio en Venezuela, algunos observadores habían dicho días antes que algo se estaba cocinando con el Eln, ya que esa guerrilla había liberado -el 23 de marzo y previo pago de millonario rescate- a Ramón Cabrales, alto consejero para la provincia de Ocaña de la Gobernación de Norte de Santander, plagiado en septiembre pasado. También devolvió dos días antes al soldado Jair de Jesús Villar, plagiado en febrero.

Aunque algunos observadores vieron en estos casos un ‘buen presagio’ de que el Eln apuntaba a dejar el secuestro (al igual que las Farc) para arrancar el proceso de paz, lo cierto es que desde el mismo día en que se anunció en Caracas que se pasaría a una fase pública, así como en los días siguientes, la cúpula elena dejó en claro no sólo que mantendrían la práctica del plagio, sino que no aceptaban la advertencia del presidente Santos en torno a que mientras no liberaran a todos los cautivos no se instalaría la Mesa en Quito.

“El presidente pretende imponernos una condición sin ser un acuerdo establecido" en la agenda, replicó el máximo cabecilla de del Eln, Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino", semanas atrás.

La contradicción se hizo más fuerte con el pasar de los días, sobre todo al conocerse el indignante caso del exgobernador del Chocó, Patrocinio Sánchez, quien llevaba varios meses plagiado por el Eln y fue ‘canjeado’ por su hermano, el exparlamentario Odín Sánchez, debido a su delicado estado de salud.

Luego se señaló también la posibilidad de que el mismo grupo guerrillero estuviera detrás del secuestro de la abogada Melisa Trillos, en Norte de Santander, rescatada por el Ejército el pasado 15 de mayo, tras 25 días en cautiverio.

Aunque la víctima indicó que nunca supo qué grupo la plagió y la guerrilla negó su autoría en este caso, el propio presidente Santos, vía twitter, confirmó la culpabilidad de esa facción insurgente. “Rescatada por Ejército, Melisa Trillos, secuestrada por Eln en Norte de Santander. Un capturado. Felicitaciones a nuestros héroes!”, trinó Santos.

En todos estos casos, la advertencia gubernamental ha sido reiterada: no se instalará la Mesa en Quito hasta tanto el Eln no libere a los secuestrados (cuya cifra no se precisa) y se comprometa a no reincidir en el plagio, recibiendo como respuesta de los voceros subversivos que fue el Gobierno el que propuso negociar en medio del conflicto, pese a que esa guerrilla planteaba la posibilidad de un cese el fuego y de hostilidades bilateral desde el comienzo, condición que la Casa de Nariño nunca aceptó.

El riesgo

Todo el anterior marco circunstancial es el que evidencia por qué el hecho de que el Gobierno haya confirmado el jueves en la noche que el Eln tenía secuestrada a la periodista Salud Hernández y a dos corresponsales deRCN televisión, es un hecho muy grave, no sólo por el riesgo que corría la vida de las tres víctimas y el atropello cometido contra la libertad de prensa, sino porque el proceso de paz con el Eln puede truncarse de forma definitiva. Así los tres comunicadores hayan sido liberados rápidamente, de poco servirá si esa guerrilla no entiende que ni el Gobierno como tampoco la sociedad colombiana aceptarán diálogos de paz con una facción insurgente que secuestra a diestra y siniestra.

En su postura irreflexiva e inamovible, pareciera que la cúpula elena quiere mostrarse más fuerte que las Farc en el arranque que las tratativas y no entiende que a esa misma “sociedad civil” que quiere poner –según la agenda pactada- como centro de la negociación de paz, no tiene ya el más mínimo margen de tolerancia para el delito del secuestro. Y no sólo no admite que se dialogue y dé escenario político a una facción armada que plagia civiles y militares, sino que no parece estar dispuesta a darle margen de acción político al gobierno Santos para que lo haga.

Incluso las Farc, cuando se negociaba aún en medio del conflicto y las acciones militares, por cruentas que fueran, eran aceptadas como propias de la realidad de la guerra, tuvieron que anunciar “investigaciones” y ofrecer “disculpas públicas” por acciones de sus frentes guerrilleros contra civiles inermes, incluyendo retenciones temporales. El llamado que hicieron el viernes en la mañana a que se liberara a los tres periodistas es muy indicativo de cómo advierten que este clase de hechos puede impactar un proceso de paz.

El Eln, en una actitud que algunos califican incluso de miope y ajena a la lectura política realista que debe hacerse de la coyuntura de una sociedad colombiana cada vez más desconfiada del rumbo de ambos procesos de paz, no sólo insiste en el secuestro sino que adopta actitudes desafiantes con el Gobierno. Parece, entonces, que si bien aceptó subirse al “bus de la paz”, no teme apearse de un día para otro, dentro de una estrategia de negociación dura que, a la larga, podría salirle cara.

¿Qué hacer?

Incluso sí sus frentes no hubieran tenido como intención inicial secuestrar a Salud Hernández, sino que la retuvieron temporalmente y luego la situación se les salió de control, llegando en su desespero a plagiar a otros dos comunicadores y verse acosados por la militarización de gran parte del Catatumbo, el Eln no podía  estático frente a esta grave situación.

Tampoco se puede dejar de lado que el Presidente está contra la pared, pues no puede bajarse de la exigencia al Eln para que libere a estos y todos los secuestrados, y tampoco puede siquiera pensar en ceder un ápice a esta guerrilla, porque entre el uribismo, el Procurador y muchos sectores críticos del proceso de paz lo demolerían.

Si ya de por sí el apoyo a las tratativas de La Habana va en declive y no se sabe qué pueda pasar con el plebiscito por la paz (si es que llega a pasar el tamiz de la Corte Constitucional, luego es aceptado por las Farc y finalmente convocado), el panorama se tornará crítico si acepta dialogar con el Eln en medio de una escalada de plagios como la actual.

Los analistas consideran que la única salida aquí es que los países garantes y acompañantes del proceso con el Eln (Ecuador, Venezuela, Brasil, Chile, Cuba y Noruega) activen sus buenos oficios para que convencer a las partes de sentarse a negociar -antes de abocar la agenda- un acuerdo de desescalamiento de las hostilidades que dé “confianza” al proceso (figura que está contemplada en la agenda bilateral). Un acuerdo que comience por vetar el secuestro y que, como contraprestación gubernamental, incluya mejorar la situación de los guerrilleros presos del Eln. Debe tenerse en claro que incluso la liberación rápida de Hernández y los otros dos periodistas, si ocurre otro secuestro volverá a ponerse el proceso sobre el filo de la navaja, pues el presidente Santos volvió a reiterar el viernes en la tarde que no se instalará la Mesa en Quito hasta que esa guerrilla renuncie definitivamente al plagio, el que calificó como un crimen de lesa humanidad.

Para comprenderlo, el Eln tiene que hacerse varias preguntas: ¿el proceso de paz con las Farc habría sobrevivido si no hubieran devuelto en cuestión de días al general Alzate?. ¿Y aun habiéndolo liberado rápidamente, como también ocurrió con la periodista Hernández, qué habría pasado en La Habana si las Farc hubieran vuelto a secuestrar a civiles o militares?