El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, espera que la asamblea anual de cancilleres en Antigua (Guatemala) sirva para mantener vivo el debate sobre la lucha contra las drogas, según declaró este jueves a periodistas.
"La reunión de Antigua inicia un debate, las resoluciones vendrán al final", dijo Insulza en referencia al encuentro que se celebrará el martes y miércoles.
Partidario abierto de la despenalización, Insulza quitó importancia a las críticas al histórico informe, el primero de la OEA, sobre el estado de la guerra contra las drogas más de cuarenta años después de su inicio, bajo la presidencia de Richard Nixon en Estados Unidos.
Tras un año de trabajo, la OEA esbozó tres escenarios, uno de experimentación de la regulación, otro de mejora de la salud pública y otro sobre la seguridad.
El subsecretario adjunto estadounidense para la lucha antidrogas, William Brownfield, que acudirá a la asamblea acompañando al secretario de Estado, John Kerry, declaró recientemente que esa parte del informe dejaba que desear.
"A nadie tiene por qué gustarle la parte de los escenarios; la OEA no se casa con ningún escenario", dijo Insulza, que el sábado llegará a Guatemala para iniciar sus primeros contactos oficiales.
"Después de 40 años de guerra contra las drogas, algunos países no lo ven tan grave", reflexionó Insulza.
Entre las alternativas, recordó Insulza, también existe la de mantener el statu quo en una lucha que ha causado decenas de miles de muertos y una enorme inestabilidad en América Central y México.
"Una cosa que yo no quisiera que pase es que no cambie nada, por lo tanto que los países empiecen a actuar por su cuenta", opinó el secretario general.
Fue Guatemala el país que planteó abiertamente legalizar las drogas el año pasado, en vísperas de la VI Cumbre de las Américas del mes de abril.
Esa cumbre decidió pedirle a la OEA el informe que ahora sirve de base a la discusión, recordó Insulza.
Otros temas posibles en la asamblea, la número 43, son la crisis política en Venezuela, la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que provocó un largo pulso entre los países aliados de Caracas y Washington.
Las acusaciones de fraude electoral de la oposición venezolana, que quiere denunciar al gobierno de Nicolás Maduro en todos los foros internacionales, presumiblemente no serán abordadas en Antigua.
"Hablé con varios países y esos países dijeron: mejor que no. Si hay 34 países miembros y ninguno plantea el tema, eso quiere decir que no hay mucho ambiente", explicó Insulza, que descartó que él vaya a abrir el debate.
"Si algún ciudadano de las Américas cree que lo ocurrido en su país viola sus derechos, puede acudir a la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos, CIDH)", explicó Insulza.
Precisamente respecto a la CIDH, muy criticada por Venezuela y sus aliados, los 34 países activos de la OEA ya acordaron mantener las discusiones sobre sus mandatos, recordó Insulza.
"Tengo la impresión de que todos los temas son superables a través de la buena voluntad", aseguró.
AFP