Seguramente antes del 10 de marzo, cuando se clausuran las primeras sesiones ordinarias del Concejo de Bogotá, el proyecto para crear la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia que radicó la administración de Enrique Peñalosa será un acuerdo de la ciudad.
La iniciativa busca que el tema tenga más relevancia en el contexto del Distrito Capital y principalmente centrar las políticas públicas al crear el sector convivencia, seguridad y justicia. En la actualidad es el segundo presupuesto más importante de la ciudad, después del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), pues recibe la contribución especial del cinco por ciento de los contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías que suscriban personas naturales o jurídicas con entidades de Bogotá.
Si el proyecto para crear la Secretaría de Seguridad no alcanza a ser aprobado antes de finalizar las sesiones ordinarias sino en primer debate en sesiones extras quedará como acuerdo de la ciudad debido a que todas las bancadas, incluida la oposición, están de acuerdo con la creación del sector según consulta de EL NUEVO SIGLO.
Resulta que actualmente los asuntos de seguridad y convivencia de la ciudad se atienden a través de la Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y la Seguridad de la Secretaría Distrital de Gobierno.
Sin embargo, indica la exposición de motivos, se hace necesario contar de manera independiente con los temas de gobierno de la ciudad, con el recurso humano, técnico, económico, infraestructura y liderazgo para el abordaje de la situación de seguridad en Bogotá.
Entonces, el programa de gobierno de la nueva administración establece que esta secretaría tendrá como propósitos diseñar las políticas públicas de seguridad, convivencia y acceso a la justicia que vinculen las acciones que desarrollan los diferentes organismos comprometidos y que estén basadas en la mejor evidencia disponible.
La Secretaría deberá tener una visión de largo plazo en el tratamiento de los temas de seguridad, convivencia y justicia sin perjuicio de las intervenciones que se deban desarrollar en el corto y mediano plazo. Igualmente, la nueva Secretaría será la encargada de coordinar las acciones de un conjunto de actores estatales y no estatales que están involucrados. Adicionalmente realizará un monitoreo, seguimiento y evaluación continuo a los programas implementados en estas materias.
Las políticas de seguridad, convivencia y acceso a la justicia estarán encaminadas a prevenir la ocurrencia de los delitos, disminuir los índices de delincuencia, mejorar la percepción de seguridad y las tasas de victimización y garantizar un acceso ágil y oportuno a los mecanismos de justicia formal y no formal que existen en el Distrito para todos los ciudadanos.
La nueva Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia deberá ser la encargada de la identificación de los problemas, y de la formulación, diseño, puesta en marcha y evaluación de las políticas públicas encaminadas a mejorar la seguridad ciudadana y el acceso ágil y oportuno a los mecanismos de justicia formal y no formal en la ciudad.
Para que los ciudadanos denuncien los delitos, el proyecto plantea que la nueva Secretaría coordinara con entidades de carácter nacional y local como son la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la rama judicial y diferentes entidades del distrito que inciden en la implementación de las políticas respecto a la seguridad y la convivencia ciudadana, con el fin de garantizar una correcta articulación que permita prevenir y dar respuestas oportunas a los problemas de inseguridad en la ciudad.
Frente a nuevos recursos para la entidad en época de austeridad, el proyecto aclara que la creación no tiene impacto fiscal porque la financiación estará a cargo del sector Gobierno en 2016 y que el Patrimonio del Fondo de Vigilancia y Seguridad serán trasladados a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.