Las quejas por irregularidades y demoras en las contrataciones del Instituto Colombiano de Bienestar  Familiar (ICBF) que se presentaron hace unas semanas tuvieron en la picota pública al director Diego Molano, quien salió a defenderse de los cuestionamientos y afirmó que más de 6 millones de colombianos se benefician de los programas que tiene actualmente el Instituto.

El funcionario también dijo que “para iniciar este proceso no teníamos vigencias futuras”, al referirse al proceso de contratación que no fue realizado y recalcó que el ICBF está “beneficiando a casi 6,1 millones de colombianos con todos nuestros programas”.

Pero la polémica sobre la contratación volvió a resurgir esta semana cuando la representante del Partido Verde Ángela Robledo denunció que algunas de las irregularidades aún se mantienen. La Representante dijo que a pesar de los esfuerzos que han realizado las directivas de la Entidad siguen contratando con empresas de cuestionados grupos.

“Hay cuestionamientos graves frente a la alimentación de niñas, niños y viejos: no se garantiza una nutrición en condiciones mínimas de salubridad, de hecho en muchos casos no llega la comida; se concentran los recursos en muy pocas empresas y éstas, una vez sancionadas, crean nuevas ‘empresas de papel’ para no perder los rendimientos que otorgan dichos contratos”, explicó Robledo.

La Congresista precisó que algunas de las irregularidades que se encontraron antes estaban relacionadas con que algunas empresas o cooperativas licitaron juntas para poder ganar los contratos, otras que compartían bodegas y personal, e incluso otras que incumplieron sus responsabilidades.

Frente a los anteriores hallazgos, Robledo manifestó que “lo que más me sorprende es que el ICBF vuelve a contratar con algunas de estas empresas como Empsenal, Multiactiva Surcolombiana de Inversiones y otras como Luz Vida, y tengamos otra vez los mismos cuestionamientos, quejas y denuncias de la comunidad”.