La Secretaría de Gobierno entregó a la Policía Nacional un espacio abierto en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, con capacidad para atender 90 personas (40 mujeres y 50 hombres) en proceso de judicialización transitoria, lo que permite mejorar las condiciones de vida de las personas retenidas.  

“Para nosotros es prioritario que este primer semestre y de acuerdo con lo ordenado por el alcalde Mayor, Gustavo Petro, se entreguen dos URIS y dos UPJ adicionales, con el fin de que las cárceles no sean reclusorios violatorios de lo Derechos Humanos, sino que sean lugares donde las personas afectadas por sus conductas ilícitas, puedan tener por lo menos la condición de un ser humano con dignidad”, señaló el secretario Distrital de Gobierno (e), Hugo Ernesto Zárrate.

Dijo el Secretario de Gobierno que el hacinamiento que se produce hoy en las cinco URIS de Bogotá llega a 150 % por falta de cupos para atender a estas personas y los espacios abiertos pueden rebajar la congestión en 30%.

Aunque la responsabilidad del mantenimiento y servicio es del Gobierno Nacional, la Administración Distrital contribuye con la Nación en la responsabilidad por el  respeto de los derechos humanos para las personas que están detenidas.

Por su parte, Oscar Efraín Pinzón, jefe operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, afirmó: “Este espacio y esta coordinación que llevamos a cabo entre la SDG y la Policía Judicial, facilita mucho el trabajo para nosotros como policía y las personas que forman parte de la familia de quien está recluido”.

Tanto la Administración Distrital, como la Policía, advierten que la medida contribuye con la descongestión de las URIS de Ciudad Bolívar, Usaquén, Paloquemao, Engativá y Kennedy.

Finalmente, el director de Derechos Humanos, de la SDG, Andrés Idárraga, señaló que las colchonetas, la alimentación, los permisos y la comunicación que solicitan los internos transitorios es responsabilidad de la Nación. Sin embargo, el Distrito apoya estas necesidades. Recordó que una persona puede durar en estos lugares entre 15 y 20 días únicamente. “Seguiremos colaborando con este tema desde la dirección de Derechos Humanos de la SDG, que vive permanentemente preocupada por esta crisis humanitaria que no sólo se da en Bogotá, sino en el resto del país”, puntualizó.