A pesar de los avances en materia de seguridad, los golpes a los grupos armados al margen de la ley y la aplicación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, el desplazamiento en Colombia no ha aflojado manifestándose en los dos últimos años en la forma de desarraigo masivo.

Así lo aseguró Marco Romero, director de la Consultoríapara los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). “En los dos últimos años en promedio más de 80 casos de desplazamiento masivo se han producido en el país”. Explicó que el año anterior se produjo por lo menos 70 de estos casos.

Agregó que “el desplazamiento ha continuado, no en las proporciones de antes, es decir, paradójicamente han aumentado los desplazamientos masivos, y ciudades como Buenaventura se han convertido en un campo de desplazamiento intraurbano. Antes era solo Medellín y ahora es Buenaventura y otras ciudades del país, donde el desplazamiento ya no es solo urbano-rural sino que también ocurre en el plano de las ciudades”.

Además, Romero explicó que se presentan dificultades para que las recientes víctimas de desplazamiento hagan el respectivo registro de su situación ante el Estado para ser beneficiados con la protección y las ayudas previstas para estos casos.

Igualmente dijo que hay grandes dificultades en la atención inmediata de esta población porque la Ley de Víctimas estableció que “quedaba en manos de los alcaldes, y los alcaldes en muchas regiones de Colombia, sobre todo los de categoría quinta y sexta, no tienen las condiciones para atender a las personas. Requiere una mayor coordinación entre el Gobierno nacional y los territorios para que sea el Gobierno nacional el que aporte los recursos fundamentales en los casos en que la gente no tiene con qué hacerlo.

Hay casos de falta de voluntad política para atender las víctimas, pero también hay muchos casos en municipios pequeños de, digamos, una limitación fiscal en el plano local”.

En este punto el director del Codhes dijo que están a la espera de la acogida que el Gobierno nacional le dé a una propuesta que le hicieron sobre la creación de un fondo nacional de compensación, “que permita que las víctimas puedan ser atendidas en cualquier lugar del territorio, independientemente de si el alcalde o el municipio tiene la capacidad fiscal o no la tiene”, dijo.

Año clave

La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, por medio de la cual el Estado se compromete a restituir a los afectados por el conflicto armado en los últimos 27 años, el próximo mes cumplirá un año de la década prevista para ser aplicada.

En este sentido son grandes las expectativas que se tienen frente a los resultados que puede entregar esta norma en el año que está por comenzar.

Romero consideró que esta Ley “se ha empezado a desarrollar muy lentamente, pero hay campos en donde hay resultados importantes. Por ejemplo a esta altura hay más de 27 mil solicitudes en restitución de tierras que comprenden más de 2 millones 100 mil hectáreas. Este es un resultado importante en el sentido de que se ha abierto la posibilidad de que la gente reclame esas tierras, pero entramos ahora a la etapa judicial en que los resultados todavía son muy incipientes. Obviamente este año se dedicó el principal esfuerzo a montar la institucionalidad, y creo que el próximo año será clave para ver si el mecanismo judicial va a funcionar o no, porque todos sabemos que el mecanismo judicial va a poner a quien reclama la tierra y por otra a quienes de alguna manera han despojado la tierra o se consideran tenedores de buena fe”.  

Por su parte, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, dijo que este año se cierra con cerca de 5 mil procesos que se están adelantando para reclamar alrededor de 200 mil hectáreas.

Añadió que “para el otro año nosotros esperamos tener todas nuestras oficinas y los jueces fallando semanalmente, que es lo que queremos”.

Sabogal dijo también que no ha habido inconvenientes para que los ciudadanos se acerquen ante la Unidad a hacer sus reclamaciones, “de hecho ahorita tenemos cerca de 30 mil reclamaciones”.