Escándalo por la supuesta venta de fallos en la Corte Suprema por magistrados que ya terminaron su periodo tocó fibras de la institucionalidad, al punto que algunos piden hacer ajustes por una constituyente. Gobierno insiste en necesidad de una reforma
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El megaescándalo que estalló el pasado martes tras revelar el Fiscal General la apertura de una investigación por la presunta asociación ilícita hace algunos años entre abogados, algunos magistrados y congresistas para frenar y torcer procesos contra éstos últimos en la Corte Suprema, puso de nuevo al país a preguntarse nuevamente sobre si se requiere una urgente reforma a la justicia para atender la crisis que se presenta también por otras razones.
El escándalo compromete a los senadores Hernán Andrade, presidente del Directorio Nacional Conservador; Musa Besaile, Partido de La U; y el exsenador conservador Luis Alfredo Ramos.
De igual forma a los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino.
Una de las prioridades en materia legislativa del presidente Santos al llegar al poder en 2010 fue lograr una reforma a la justicia. Efectivamente la sacó adelante en el Congreso tras un intenso debate y un tire y afloje con las altas Cortes. No obstante al final el esfuerzo se perdió porque en la etapa de conciliación en el Legislativo fueron incluidos varios micos, lo que fue suficiente para que el primer Mandatario no promulgara esta reforma Constitucional.
Luego en 2014, el Gobierno llevó al Congreso una iniciativa de acto legislativo que denominó de Equilibrio de Poderes, que era una suerte de reforma política, electoral y de justicia.
Precisamente, los escándalos que se presentaron en la Rama Judicial por esos días debido a la llamada puerta giratoria a la que acudieron algunos magistrados para hacerse elegir en una alta Corte poco después de terminar su periodo de 8 años en otra, llevó al Gobierno a poner coto a esta situación en Equilibrio de Poderes.
También incluyó en la iniciativa la eliminación de las inoperantes Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara así como el Consejo Superior de la Judicatura. Así fue aprobada la Reforma de Equilibrio de Poderes.
No obstante en el control constitucional en la Corte se cayeron en junio de 2016 varias disposiciones de Equilibrio de Poderes en materia judicial porque consideró que sustituían la Carta Política, dejando de paso vivas la Comisión de Investigación de la Cámara y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Por esos días y ante el inconformismo que generó en el Parlamento el fallo de la Corte Constitucional sobre Equilibrio de Poderes, se escucharon voces de congresistas planteando la necesidad de reformar la justicia a través de una constituyente.
La senadora Claudia López dijo en esa ocasión que “nos va a tocar hacer una constituyente por cuenta de que los magistrados y la Rama Judicial que está más desprestigiada ante la opinión que el Congreso, lo cual ya es mucho decir, se cree intocable”.
Y es que ya en mayo de 2015, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial al tiempo que pidió el archivo del proyecto de reforma de equilibrio de poderes, planteó la necesidad de una asamblea constituyente para solucionar los problemas de la justicia.
Ahora a raíz del escándalo que se acaba de destapar en la Corte Suprema de Justicia, el director del Partido Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, dijo que Colombia requiere una Constituyente para la justicia.
Añadió que desde Cambio Radical hay total respaldo al Fiscal General pues los “Colombianos queremos saber la verdad con las consecuencias que ello traiga”.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero Restrepo, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “creo que hay dos caminos: el primero es que ahora no es el momento de hacer ninguna reforma a la justicia, es el fin de un gobierno, tenemos muchos frentes de reforma, estamos arrancando con el posconflicto y además viene un nuevo gobierno. Sí creo que el nuevo gobierno debe emprender una reforma a la justicia”.
No obstante puso de relieve que “con la sentencia de la Corte Constitucional creo que no nos queda más camino sino una constituyente porque en el fallo de Equilibrio de Poderes la Corte Constitucional cerró mucho las opciones. Entonces creo que le toca al constituyente primario. Pero en este momento lo que tenemos que hacer es que operen las instituciones actuales y que los medios de comunicación y los ciudadanos realmente presionemos para que la Comisión de Acusaciones de la Cámara opere rápidamente en estos casos”.
Por su parte el exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, dijo “creo que la Constitución del 91 con la mejor intención introdujo el clientelismo al poder judicial por la vía de todas esas facultades electorales que se les ha dado a las Cortes, que las distraen de su función esencial, que las han contaminado en ese cruce entre políticos, magistrados y jueces. Y en tercer lugar porque no ha habido un sistema como hay en todas partes, realmente que permita investigar rápidamente las fallas disciplinarias y penales de los magistrados de las altas Cortes”.
Añadió que el gran escándalo que se presenta “tiene que generar una reacción muy grande en el país. Estos episodios, por cierto, de pronto nos sorprenden pero muchas de esas cosas se venían hablando”.
Agregó que “esto no es para seguir cambiando la Constitución otra vez, que la reforma política, hemos hecho como 10 reformas políticas, sino para que tomemos el toro por los cuernos”. En ese sentido Gómez Méndez dijo que se necesita una reforma de los comportamientos, “más que de las normas”.
Piden acciones contundentes
El presidente Juan Manuel Santos pidió ayer que se investigue "de manera rápida y sin contemplaciones" los hechos de corrupción que se habrían presentado hace algún tiempo en la Corte Suprema con investigaciones y fallos.
“La noticia que se conoció ayer (martes) yo diría que es agridulce. Nos duele, me duele a mí como Presidente y como colombiano, me duele comprobar que la corrupción pueda llegar a instancias tan altas como el Estado. Pero por otro lado, lo que estamos viendo es una demostración de que la lucha contra la corrupción está produciendo resultados".
Añadió que "quiero reiterar, apoyamos al Fiscal y a todos los organismos de control (...) Quiero apoyar las palabras y el accionar del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Necesitamos acciones rápidas y contundentes para que las instancias puedan dar resultados rápidos (...) Quiero agradecer la cooperación prestada por los Estados Unidos a nuestras autoridades y a la Fiscalía. Pidiendo a todas las instancias que adelanten todas las investigaciones de manera rápida y sin contemplaciones".
Por su lado, el ministro de Justicia, Enrique Gil, señalo que hay preocupación en el Gobierno por los niveles que está alcanzado la corrupción en el país, por lo que hizo un llamado a la justicia y los órganos de control para que lleguen hasta sus últimas consecuencias las investigaciones por lo sucedido.
"Que se impongan las sanciones a que haya lugar y que se investiguen estos hechos hasta las últimas consecuencias de manera pronta. El Gobierno manda mensaje de preocupación de los niveles de corrupción que se están presentando y señalamos que es el propósito y el interés del Gobierno ayudar a las autoridades para que se llegue a las últimas consecuencias frente a los hechos de corrupción que se presenten en cualquier estamento del Estado", indicó Gil Botero.
Añadió que "el Gobierno acompaña, respalda con el mismo énfasis que hizo el presidente de la Sala Penal para que se investiguen estos hechos de manera pronta y expedita, para que se establezca la realidad y se imparta las sanciones que dieron lugar a estos hechos", explicó.
El Ministro de Justicia señaló que "ya hizo metástasis la corrupción y es momento de tomar correctivos severos desde todo punto de vista en la institucionalidad y la sociedad".
Gil dijo también que “tenemos que generar una campaña, donde los jueces, los magistrados, que son los llamados a dar ejemplo, que deben ser los modelos a seguir, no sean en este momento piedra de escándalo como está ocurriendo, minando la confianza de la sociedad, no solamente en la justicia sino en todo el Estado y en todas las instituciones”.
Agregó el funcionario que “se requiere, como se ha tratado de hacer desde luego, una reforma a la justicia y esa es una decisión inaplazable porque pese a todos los conatos que se han hecho ha sido un fracaso siempre. De una vez por todas hay que ir pensando muy seriamente en una reforma que ponga las cosas en un estado de justicia”.
Propuestas en el Congreso
El senador Jaime Amín (Centro Democrático) dijo que “encuentro en este difícil momento del país una extraordinaria oportunidad para hacer una catarsis profunda de todo lo que significa y ha significado este tema de la corrupción a los más altos niveles en los entes públicos”.
Por su parte, el representante Hernán Penagos (La U) dijo que no es hora de una reforma a la justicia que haga cambios sustanciales a la Carta Política, “pero sí hacer una reforma en donde nuevamente se valore cómo va a ser el tratamiento a los aforados constitucionales respecto de investigaciones disciplinarias, penales y fiscales”.
En tanto que la representante Angélica Lozano (Alianza Verde) dijo que “hay que insistir en eliminar la Comisión de Acusaciones, que es un manto de impunidad garantizada, la tiene cualquier persona que llegue al cargo de magistrado o fiscal”.
La Parlamentaria dijo que propondrá incluir en la reforma política que se discute en el Congreso, revivir el Tribunal de Aforados que aprobó Equilibrio de Poderes, pero luego se hundió en la Corte Constitucional.
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