*Se ocuparía de definir las miles de quejas que se presentan por la afectación de recursos naturales

Entre el importante número de proyectos de reforma constitucional que se hundirán en este periodo legislativo porque no alcanzaron a surtir su primera vuelta, está la iniciativa para crear una corte ambiental nacional que se encargaría de desempeñar las funciones de tribunal supremo administrativo en lo referente a los casos ambientales y de los recursos naturales.

La iniciativa que fue radicada por la bancada del Partido Opción Ciudadana en la Cámara y que cuenta también con la firma de respaldo de algunos parlamentarios del Partido Social de Unidad Nacional (La U) y el Partido Liberal, argumenta que los jueces de las diferentes jurisdicciones, cada día conocen más del tema ambiental, pero “requieren mayor capacitación; sus decisiones, en general, constituyen respuestas acertadas aunque inoportunas, por lo demoradas, a las demandas de justicia”.

Añaden los impulsores de la iniciativa que las decisiones de los jueces muchas veces se tornan ineficaces debido a la falta de recursos económicos de los obligados a cumplirlas. Se requiere, por lo tanto, implementar mecanismos idóneos para que dichas decisiones se cumplan.

La iniciativa está pendiente de la ponencia para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, pero incluso si el mismo se cumpliera en los próximos días, de todas formas se hundiría el proyecto porque las reformas constitucionales deben completar su primera vuelta en el periodo en el cual son radicadas.

No obstante se conoció que los impulsores de la iniciativa insistirán en marzo próximo en radicar esta iniciativa que adiciona la corte ambiental al artículo116 de la Constitución Política, el cual establece que “la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar”.

La corte ambiental según el proyecto desempeñarálas funciones de tribunal supremo administrativo en lo referente a los casos ambientales y de los recursos naturales. De manera preferente conocerá y resolverá las quejas establecidas contra todas las personas, públicas o privadas, por violaciones a los artículos de la Constitución, las leyes y normas ambientales y de los recursos naturales.

Además conocerá, tramitará y resolverá las quejas referentes a comportamientos activos y omisos que violen o amenacen violar las normas constitucionales y de la legislación del ambiente y los recursos naturales.

Establecerá, en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan originarse en relación con los daños producidos por violaciones de la legislación del ambiente y los recursos naturales.

Conocerá las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno nacional en materia ambiental y de los recursos naturales, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.

Finalmente actuará como cuerpo supremo consultivo del Gobierno nacional en asuntos de administración en materia ambiental y de los recursos naturales, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen.

La Corte Ambiental Nacional, indica el proyecto, estará integrada por siete magistrados, cuatro de ellos deberán tener título de abogado, haber ejercido la profesión por lo menos diez años y haberse destacado en la actividad profesional o académica especializada en materia de derecho ambiental. Los otros tres  serán profesionales o licenciados en ciencias con especialización en materias medioambientales reconocidas y con, a lo menos, diez años de ejercicio profesional.

Sus miembros serán elegidos, tres  por la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Gobierno del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en pleno. Uno  será elegido por el Congreso pleno y los tres  miembros profesionales o licenciados en ciencias, especializados en materias medioambientales de esta Corte serán elegidos de ternas que enviará, una el Presidente de la República, otra las universidades con Facultad de Ciencias y otra el Sistema Nacional Ambiental (SINA) al Consejo de Estado.

*Demandas

En la medida en que crece la actividad minera y extractiva en el país, convirtiéndose en uno de los puntales de la economía colombiana, proporcionalmente también se incrementan las demandas civiles y penales por la explotación legal e ilegal que se hace de estos recursos.

El Estado por medio del Ministerio del Medio Ambiente define la política nacional ambiental y promueve la protección de los recursos, en tanto que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), en lo regional cumplen una labor de control; mientras que la ANLA se ocupa del tema de las licencias.

Sin embargo, las demandas por los diferendos entre compañías extractores o entre éstas y el Estado están siendo definidas por los jueces y los tribunales.

Igual sucede con las demandas que presentan los ciudadanos por los efectos de las explotaciones de hidrocarburos y mineras en el medio ambiente que habitan.

Otro tema son las miles de investigaciones que adelanta la Fiscalía y que pasan a los jueces por minería ilegal o por daños al medio ambiente.

Al final del año anterior en el V Congreso Latinoamericano de Fiscalías y Ministerios Públicos y el I Congreso Colombiano de Fiscales Ambientales fue denunciado que cerca del 70 por ciento de los departamentos está afectado por la explotación ilícita e inadecuada de oro.

Por esos días la Fiscalía reveló que adelantaba cerca de 6 mil  investigaciones por minería ilegal.