La corrupción le cuesta anualmente a los colombianos 12 billones de pesos, aseguró el Procurador al referir que la sociedad debe trabajar en la construcción de una cultura de la legalidad.

El jefe del Ministerio Público se refirió a los estudios adelantados por la Universidad Externado de Colombia y el Banco Mundial, que coinciden en señalar que el 13 por ciento del presupuesto destinado para inversión se distribuye entre los funcionarios corruptos.
El anuncio lo hizo durante el acto de instalación del V Congreso Internacional de Ética, organizado por la Universidad La Gran Colombia, que se realiza en el auditorio Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca.

Según el procurador, la debilidad institucional y los altos costos de las campañas electorales han favorecido la cooptación del Estado para diseñar desde allí políticas públicas que benefician a los corruptos, hecho que se convierte en una amenaza que deslegitima al Estado.
Al mencionar que los municipios de Colombia carecen de control político y disciplinario dijo que lo concejos municipales se han convertido en organismos desde donde se extorsiona a los alcaldes para que se adopten decisiones que  favorecen a los concejales.
Seguidamente, refirió que las personerías municipales sufren de macrocefalia funcional por cuanto el legislador les ha conferido una excesiva carga de competencias que las ha convertido en organismos inoperantes e ineficaces.
Reveló que en los últimos cinco años las personerías en 1000 municipios del país apenas han proferido 500 decisiones de carácter disciplinario.
Con el fin de hacerle frente a los efectos de la corrupción, el procurador general señaló que se requiere trabajar en la construcción de una cultura de la legalidad que encuentra en la familia el escenario natural donde se transmiten principios y valores.
En tal sentido, la sociedad civil tiene que repensar y reconstruir la función de la familia y del conglomerado social, por lo cual se deben formular políticas públicas para su protección y promoción.
“Atentar contra la familia es un atentado de lesa humanidad, la crisis de la sociedad pasa por la crisis de la familia”, puntualizó el procurador.
Criticó las políticas públicas que pretenden diluir la institución de la familia y desconocen la importancia natural que tiene como núcleo esencial de la sociedad, “las funciones de la familia en la sociedad no pueden ser sustituidas, ni el estado ni el mercado pueden cumplir la misión que tiene la familia que es la verdadera articuladora del tejido social”, advirtió el jefe del Ministerio Público.
“A la familia le corresponde el riesgo y el costo de mantener vertebrada la sociedad por eso atentar contra la familia es atentar contra la sociedad”, insistió
En concepto del procurador, las políticas públicas debieran facilitar a la familia cumplir con las funciones que de manera natural le corresponden al interior de la sociedad, porque la familia “no admite equivalentes funcionales”, sin embargo pareciera como si hubiera en el Estado unos presupuestos prepolíticos que atentan contra la institución de la familia.