Lo que estaba previsto que fuera un debate de control político sobre la prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas en niños y adolescentes en el Concejo de Bogotá, se convirtió en un enfrentamiento ideológico en torno al porte de la dosis mínima.
Aunque las posiciones estuvieron divididas en medio del debate entre las diferentes bancadas, la piedra en el zapato la puso la promotora de los cuestionamientos, concejal Nely Patricia Mosquera, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), al denunciar que la administración había prestado el Parque Simón Bolívar para la celebración del Día Mundial de la Marihuana, en mayo pasado.
“Se prestó el parque para que jóvenes consumieran de frente a la policía”, denunció; y agregó que “estos hechos van contra las leyes. Hoy no permiten la dosis mínima, ni el consumo de SPA”, abreviatura de sustancias sicoactivas.
“Debemos regirnos por el principio de legalidad y en esta ocasión fue claramente violado. Este tipo de hechos evidencian una permisividad de la administración, demuestran claramente que no estamos hablando en el mismo idioma en el tema de drogas. Solicitó a los organismos de control investiguen los permisos y los parámetros y que tomen como evidencias los videos y fotos”, dijo la concejal de La U.
De inmediato, el concejal del Polo Democrático, Venus Albeiro Silva, reaccionó diciendo que no se puede hablar de microtráfico sino un verdadero narcotráfico y que las autoridades saben el sitio exacto de las “ollas” donde se expende la droga y no adoptan las medidas de allanamiento. “Me parece que en Colombia aún se manejan posiciones un tanto retrógradas, en donde se piensa que la legalización de la droga se debe manejar por el sistema pedagógico, lo cual no es cierto”.
En la otra orilla, el presidente del Concejo, Dario Fernando Cepeda, de Cambio Radical, dijo que el consumidor hay que mirarlo como un problema de salud pública. “La dosis personal se está convirtiendo en un problema, donde los jibaros crean microtráfico. Ejemplo de ello es que en los colegios se utilizan a los muchachos para el negocio. No tenemos la madurez política ni cívica para tener la dosis personal”.
Roberto Sáenz, del movimiento Progresistas, manifestó que la sociedad no saca nada al ocultar y perseguir una realidad evidente. “Todas han terminado en las peores condiciones para la sociedad porque los consumidores se convierten en perseguidos por la policía y la autoridades. Se convierte el tema en asunto de orden público y no de salud pública como es lo coherente. De manera que desconocer a esos sectores (o tratarlos como delincuentes) es muy poco saludable para la sociedad”.
Para el concejal Orlando Parada, de La U, despenalizar el consumo en países productores es lo mismo que legalizar la droga. “Los defensores, al igual que en caso de la legalización del alcohol en el siglo pasado, plantean la posible legalización porque acabaría con el tráfico ilegal y controlaría el consumo. Según esta lógica ridícula, ¿eliminar el delito elimina al delincuente? O, piensan convencer a la sociedad de la legalización mostrando las ventajas del alcoholismo”.
A su turno, la concejal de Progresistas Diana Alejandra Rodríguez dijo que “en concordancia con la sentencia de la Corte que determinó no penalizar el porte de la dosis mínima, nos acogemos a lo que dicta la ley y bajo esa perspectiva no considero que tampoco se pueda señalar o censurar un Día Mundial de la Marihuana porque el problema de la drogadicción no reside en la realización de jornadas como esta”.
Por su parte, el concejal del Partido de Integración Nacional (PIN), Marco Fidel Ramírez señaló, que no hay claridad en las políticas públicas y de seguridad. “El problema del consumo radica en la pérdida de los valores y principios tanto de la familia como del Estado”.
Por su parte, la concejal del Partido Conservador, Soledad Tamayo, reiteró que la administración tiene que dar el paso para la viabilidad del Acuerdo que crea el Observatorio sobre sustancias psicoactivas, como un instrumento de gestión cuyo fin sería el de orientar la toma de decisiones, acciones y políticas sobre la problemática del consumo en el Distrito Capital.
El concejal Jorge Lozada, de Cambio Radical, denunció que existe una gran cantidad de trampas en la ciudad. “Me dio escalofrió cuando escuché que la Administración estaba pensando en desmontar la medida de restricción de venta de licor. A la ciudad la encantinaron en algunas localidades. En muchos barrios cogen la pared de orinal. La rana y el minitejo los montan en el andén. El equipo se sonido a todo volumen. Esto debe acabarse porque son las localidades más humildes las que sufren esta problemática”.
Según el cabildante, cerca del 90 por ciento de las riñas se dan en esos establecimientos, en muchos casos porque personas bajo el estado de alcohol faltan al respeto a menores que van a la tienda a comprar cualquier producto, estos le cuentan a sus padres y estos van hasta la tienda a hacer el reclamo, allí ya la riña es segura.