La Contraloría de Bogotá le solicitó a la Administración distrital, a través de una función de advertencia, adoptar las medidas pertinentes para evitar el riesgo de pérdida de 4.561 millones de pesos en el Fondo de Vigilancia y Seguridad –FVS-, debido al retraso de las obras para la construcción de la nueva sede del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), en la carrera 56A No. 24-96.
Lo anterior, según el contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, obedece al contrato suscrito entre el FVS y la Constructora Castell Camell Ltda., por 43.795 millones de pesos, para la construcción de la nueva sede de la Mebog, la cual tenía un plazo de ejecución de quince meses (marzo de 2012), no obstante a esa fecha, la obra solo alcanzó el 49 por ciento, por lo que el contrato tuvo que ser prorrogado en seis meses más (septiembre 2012) tiempo en el que presentó un nivel de avance de sólo el 4,2 por ciento.
Mientras la Contraloría explica que los retrasos de la obra y las injustificadas razones que condujeron a la prórroga del contrato por parte del FVS llevaron al organismo de control fiscal a formular la advertencia, la entidad indicó que seguirá tomando las medidas necesarias para garantizar el término de la obra, siempre enmarcado dentro de los procedimientos que le otorga la ley para tal fin, y por supuesto estará atento a los requerimientos de los entes de control que así lo requieran.
En este sentido, indica el Fondo de Vigilancia que la ampliación del plazo de ejecución del contrato se aprobó el 12 de marzo de 2012 con base en el documento presentado por la empresa interventora Consorcio Intersecom, en el que se recomienda aprobar la prórroga por 180 días, teniendo en cuenta que la ola invernal presentada en el territorio nacional en el año 2011 generó retrasos en la obra.
Frente a los cambios en las especificaciones técnicas realizadas por parte del contratista, la entidad indicó que a la fecha no ha efectuado desembolsos por estas actividades, atendiendo solamente a aquello aprobado y recibido a satisfacción por parte de la interventoría.
Con relación al proceso de imposición de multas al contratista, la gerencia de Fondo señaló que cualquier acción es improcedente. “Teniendo en cuenta que, como lo indican los informes de las audiencias adelantadas para tal fin durante el 25 de enero y el 23 de febrero de 2012, la administración a cargo en dicho momento decidió no imponer sanciones a Castell Camel Ltda., por lo que, salvo que sea allegada información nueva en torno al proceso, no es posible para esta gerencia tomar nuevas medidas sobre los hechos ya analizados”.