La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, denunció que el proyecto de ley que busca regular el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia, atenta contra la inversión extranjera.

Según la Ministra, la iniciativa “contiene disposiciones altamente inconvenientes para la apertura y preservación de las reglas de juego respecto de la inversión extranjera en nuestro país y viola derechos adquiridos de algunas empresas que actualmente concurren al mercado colombiano”.

Se refirió a la inconveniencia de lo dispuesto en el artículo 4 del proyecto, “que insiste en cerrarle las puertas a la inversión de capitales extranjeros para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad humana, así como de capacitación y entrenamiento, lo cual no se justifica en estos momentos de plena globalización de nuestra economía”, dijo.

Lacouture llamó la atención respecto del contenido de un parágrafo del artículo 11 de esta legislación según el cual, “una vez se venzan las licencias o autorizaciones a empresas con inversión extranjera que vienen operando en nuestro país y prestando servicios de vigilancia y seguridad humana y capacitación y entrenamiento, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no podría renovar las licencias”.

Esto, indicó la Ministra, “llevaría a que en ese mercado dichas compañías quedaran excluidas, incluso, las empresas con capitales extranjeros que actualmente operan en Colombia, lo que constituye una violación injustificada a sus derechos como inversionistas y a su derecho de concurrir a los mercados nacionales”.

La Ministra llamó también la atención sobre el hecho de que el proyecto contiene disposiciones que implican un retroceso en la política pública de protección de la libre competencia económica.

Criticó además lo dispuesto en el artículo 85 del proyecto, “que pretende limitarle las funciones a la Superintendencia de Industria y Comercio en su gestión de autoridad única de protección de la libre competencia económica y que según las denuncias públicas del superintendente Pablo Felipe Robledo, incluso podrían poner en alto riesgo las actuales investigaciones que hoy se adelantan en la Superintendencia y en la Fiscalía en lo que se conoce como el ‘presunto cartel de la seguridad privada en licitaciones públicas’”.